Los abogados consideran inaplazable la reanudación de la actividad judicial

El colectivo de la Abogacía cántabra insiste en la urgente necesidad de reactivar los plazos procesales para evitar un colapso aún mayor
El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria (ICA), Andrés de Diego Martínez, considera que “es indispensablela inmediata reanudación de la actividad de los juzgados y tribunalesque se encuentra paralizada desde hace dos meses, en aquellas actuaciones que sean compatibles con la actual limitación en el acceso a las sedes judiciales como viene solicitando la Abogacía”.
Confía que en los próximos días se proceda a lanotifiaciónde las más de 500 Sentencias dictadas por los Tribunales colegiados en Cantabria y se inicie la tramitación de todas aquellos escritos y demandas presentadas durante la declaración del estado de alarma.
Trasrechazar el Plan de choque propuesto por elCGPJ,al considerarquenosoluciona los problemas que enfrenta la Justicia acorto plazosino que,“al contrario,supone una reforma procesal global que va a restringir las garantías de las que gozan los ciudadanos en el procedimiento”,se opone a las medidasincoporadasen elReal Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.
Sin embargo,el Acuerdo del CGPJ adoptadoeste lunes 11ha paliado,en parte,dichanormaalrecogerlas reivindicaciones de la Abogacía.En este nuevo acuerdo,se recomienda que durante el mes de agosto únicamente se celebren las vistas orales que sean urgentes;reduciral mínimo esencial las notificaciones y concentrarel período de disfrute de las vacaciones de jueces y magistrados en dicho mes, tal y como se venía proponiendo desde el CGAE.
Más allá de estas críticas, De Diegoespera queen Cantabria elplan de reactivación de la actividad judicialse ponga en marchade forma consensuadaentretodoslos operadores jurídicos y,desde la Comisión de seguimiento de la que forma parte, seacuerde la forma en que se vayan a desarrollar las vistas y juicios, cuando se levante la suspensión de los plazos procesales y de las actuaciones judiciales.
“Lasbuenasrelaciones entre Magistratura, Fiscalía, Abogacía y Procura,así como conla Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, son un activo fundamental que esperamos nos permitaafrontar el escenario incierto que se nos avecina”.
Una cuestión que empieza aver la luzdesde ayer martes 12, con la entrada en vigor de la primera de las cuatro fases contempladas en laOrden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.