Las cuentas de la corrupción de UGT de Andalucía bajo una triple investigación

. Las diligencias apuntan a posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida.
EL PAÍSdestaca que los jueces, la Junta de Andalucía y el propio sindicato, estudian si hubo financiación ilegal por parte de UGT Andalucía. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya acusó a UGT y CCOO de financiarse de manera ilegal con 7,6 millones gracias a sobrecomisiones «impuestas de manera arbitraria e ilegítima». UGT y la Junta han puesto en marcha dos investigaciones para aclarar los hechos. Las diligencias apuntan a posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida. El pasado agosto los líderes de UGT admitieron posibles «errores» en la facturación de servicios con cargo a los programas de formación subvencionados y crearon un «fondo notarial» de 115.000 euros para devolver el dinero. El secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, ya ha avanzado que los 12.716 euros que costó la cena con barra libre en la Feria de Abril para sindicalistas es un claro ejemplo de error en la imputación de gastos remitidos a la Junta.
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