La UDEF investigó una compra del ex-consejero delegado de Sodercán por 290.000 euros

La Policía detecta «contradicciones» del exresponsable de Sodercan, José Villaescusa, cuyo objetivo podría ser «la introducción en el mercado legal de capital de origen desconocido» Los fondos «pudieran tener su origen» en el fiasco empresarial
EL MUNDO CANTABRIA CONTINUA CON LA INFORMACIÓN DE ALGUNOS DIRECTIVOS DE SODERCAN. POR LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN REPRODUCIMOS LA DEL DÍA DE HOY
EL MUNDO CANTABRIA/JESÚS LASTRA / Santander.-La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, a través de su Brigada de Blanqueo de Capitales, no solo estudió al exconsejero de Industria del Gobierno regional-socialista, Miguel Ángel Pesquera (PSOE), durante el transcurso de su investigación en busca de presuntas actuaciones punibles –entre ellas malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y contra la Seguridad Social– en la fallida puesta en marcha de la fábrica GFB en Orejo (Marina de Cudeyo).
También lo hizo al consejero delegado de Sodercan hasta 2007, José Villaescusa, igualmente del PSOE. Si en el caso del primero, tal y como informó ayer EL MUNDO, se detectó un afloramiento patrimonial de 790.000 euros, en el segundo los agentes policiales hallaron una «práctica inusual» en la compra de un inmueble en el Puerto de Santa María (Cádiz), por 290.000 euros.
En la operación, que tuvo lugar entre finales de 2005 y principios de 2006, al igual que las dos adquisiciones de viviendas de Pesquera, «concurren una serie de indicios […] que ponen en evidencia una serie de contradicciones y acciones inusuales, que a juicio del grupo investigador deben ser aclaradas».
El informe policial en poder del Juzgado de Instrucción nº1 de Santander que instruye el caso del fiasco empresarial del fibroyeso, y al que ha tenido acceso este periódico, apunta que las mencionadas actuaciones «podrían tener como finalidad la introducción en el mercado económico legal de capital de origen desconocido, y dado que se produce en un periodo temporal cercano a la ejecución de los hechos presuntamente delictivos investigados, pudieran tener su origen en dichas actividades».
Tras realizar un prolijo relato de los diferentes pasos dados por Villaescusa en la compra de la vivienda, la UDEF procede con sus conclusiones. La primera, «llama la atención la operativa inusual, aunque no ilegal, de solicitar una póliza de crédito de 240.000 euros el 19 de octubre de 2005 si la compra por la escritura pública y la cancelación de la hipoteca que carga dicha finca se realiza en diciembre de ese año, para posteriormente volver a pedir otro préstamo por ese mismo importe en marzo de 2006 que grava la misma finca».
Pero hay más. La Brigada de Blanqueo de Capitales apunta a «una serie de contradicciones en la escritura pública de cancelación de hipoteca de los 231.600 euros que grava la finca a fecha 5 de diciembre de 2005», que «no se corresponden con el devenir objetivo de los hechos plasmados en las escrituras públicas precedentes».
En el documento de supresión se hacía constar que el crédito de 231.600 euros que pesaba sobre la propiedad fue solicitado por la mercantil El Soto de Villahermosa S. L., vendedora del inmueble, a instancias del exconsejero delegado de Sodercan. El informe puntualiza que dicho crédito sumaba un importe de 6.824,880 euros, «responsabilidad que se repartió entre las 31 fincas propiedad de la vendedora».
Eso no es todo. La Policía desvela una nueva incoherencia en la opción de pago elegida por el exalto cargo del Gobierno PRCPSOE, «pues en contrato privado» suscrito con el vendedor se inclinó por «la subrogación al préstamo solicitado por El Soto de Villahermosa S. L.», lo que choca con la afirmación de que Villaescusa «autorizó» a la citada compañía «para que en su nombre formalizara con la entidad de crédito un préstamo con garantía hipotecaria que gravara la finca», ya que esta fórmula no se corresponde con un contrato de subrogación en préstamo hipotecario».
ComisionesOtra práctica «inusual», a juicio de la UDEF, irrumpe con el giro de la comisión bancaria por cancelación anticipada de préstamo. Para evitarla, el imputado en el caso GFB usó a la referida mercantil como «vehículo de pago para la entrega de un talón » y que se hiciera depósito a su nombre. La Policía se sorprende de que para evitarse un abono del 1% del principal, esto es, 2.360 euros, Villaescusa pidiese una póliza de préstamo en octubre de 2005 de 240.000 euros, «asumiendo los gastos de solicitud» de la misma y sufragando los emolumentos del notario «por la escritura de cancelación y además volver a realizar un desembolso económico» al demandar un préstamo hipotecario de nuevo al mismo banco el 2 de marzo de 2006.