La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó «pagos pendientes» cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, de la que es propietario el presunto comisionista del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, y a la que se habrían adjudicado supuestos contratos millonarios de manera irregular para la compra de mascarillas durante la pandemia a cambio de mordidas.
«Estoy encima de tu pago», le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía «influencia» para hacer esas peticiones.
Así lo expone la UCO en parte de un informe, al que ha tenido acceso ‘RTVE’, sobre los análisis de las contrataciones formalizadas por parte de Canarias y que ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’, el instructor Ismael Moreno. Por el momento, se conocen 85 páginas del informe de las casi 300 que tiene.
Los investigadores detallan que la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.
Y sospechan que esos contratos de material sanitario «constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo» que Aldama «venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores».
En este contexto, plasman mensajes en los que «se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes».
La UCO indica que Koldo le envió el 3 de julio de 2020 a Aldama una imagen de una conversación que habría mantenido con Torres, donde «éste le avisa de que le va a llamar a Antonio Olivera«, entonces viceconsejero canario de Presidencia, «aclarando que ‘estoy encima de tu pago’ y añadiendo que ‘ya está validado el material‘, pese a todos los problemas ya expuestos con las mascarillas».
Además, justo 2 días antes, según precisan, hubo un mensaje de Torres al entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes diciendo que sabe que le llamó y que le devolvería la llamada esa noche, y diciendo que está con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad. «Tranquilo», le dijo a Koldo.
García insistió a Olivera días después para que se efectuaran los pagos a la empresa, a lo que el dirigente canario respondió que lo preguntaría y que el pago sería inminente, pero «no se habría realizado» y el entonces asesor de Ábalos contactó «directamente» con Torres.
Asimismo, según los mensajes, Koldo se puso en contacto con Torres el 13 de julio para pedirle que le llamara «para el tema del pago» y el entonces presidente canario le contestó al día siguiente que estaba «encima de la factura», que le daría «toda la información» y que esperaba que hubiera una «solución», citándose al día después para verse en Madrid. «Siento no haberlo podido resolver de algo que supe a posteriori», añadió.
Koldo agradeció la respuesta y le preguntó cuál era el problema, a lo que Torres le replicó quejándose de la responsable económica y agregando que lo iba a solucionar, que le dijeron que en una semana ya iban a pagar.
«Y tema de comprobación. No sólo a tu pedido: a todos. Pero déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire», le escribió el ahora ministro.
Los investigadores precisan que Torres solicitó ese 14 de julio información a García sobre el dinero que se debía a Soluciones de Gestión: «Necesito montante económico que se debe y nombre de la empresa (la referencia)».
En respuesta, Koldo le reenvió un mensaje de Íñigo Rotaeche, de Soluciones de Gestión, que indicaba que «del primer contrato faltan todavía por abonar (fletes incluidos) 2.310.854,05 euros y del segundo contrato falta todo (fletes incluidos): 5.201.460,66 euros».
Y horas más tarde, según la UCO, Olivera contactó con Koldo para decirle que sabía que estaba llamando a «Ángel» (posiblemente en alusión a Torres), según la UCO, y para decirle que estaban los 2 trabajando en el asunto de los pagos pendientes.
La UCO indica que el día después, el 15 de julio, Torres envió un mensaje a Koldo para decirle que estaba en Madrid y que tenía prevista una cena con Ábalos en un restaurante a la que no iba «Francina», añadiendo que tenía que ver al asesor para tratar un «tema de facturas». A ese encuentro, señalan, «también habría acudido Aldama».
El entorno de Torres defienden su inocencia y el PP pide la dimisión
Fuentes del entorno de Torres han reaccionado a la publicación de parte del informe.
«Después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas. Ni lo va a haber», han señalado.
«¿Se puede permitir en un estado de derecho que se intente, sin la más mínima prueba y con absoluta vileza, destrozar la imagen de una persona y a su familia?», han añadido a modo de reflexión.
Desde el entorno del ex presidente canario han señalado que respecto a los contratos para la adquisición de mascarillas ha quedado «acreditado que se actuó correctamente, tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas».
Desde el PP piden la dimisión del ministro:
«En el día en el que el Tribunal Supremo ordena el procesamiento de Koldo García se da a conocer que el ministro de Política Territorial se dedicaba no sólo a encargar material a la trama de corrupción que creció en el Gobierno del PSOE, sino que se interesaba en agilizar los pagos», han acusado fuentes de Génova.
«Torres no puede ser a la vez ministro de España por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta. Su continuidad en el Gobierno de España es imposible después de la revelaciones efectuadas hoy por la Guardia Civil y que están en poder de la Audiencia Nacional», han apuntado desde el PP.
