La Seguridad Social sanciona a Camargo y obliga a cotizar por sus bomberos desde 2010

La Plataforma de Bomberos Profesionales exige la dimisión del alcalde, Diego Movellán, por cometer «irregularidades» de «forma consciente». En similar situación se encuentra Suances
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La Dirección General de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social ha sancionado al Ayuntamiento de Camargo por considerar que esta administración mantiene una relación laboral y no de voluntariedad con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio.
La resolución, emitida el pasado 12 de febrero tras investigar los hechos denunciados por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria, impone al Ayuntamiento una sanción económica de 70.000 euros y le obliga a dar de alta en la seguridad social a los hasta el momento voluntarios, unas cotizaciones que además deberá abonar con carácter retroactivo desde 2010.
La Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria, integrada por los sindicatos UGT, CCOO, USO, SIEP y CSIF, ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa esta resolución de Trabajo que, según han indicado, el Ayuntamiento de Camargo ya ha recurrido aunque desconocen con «qué argumentos».
No obstante, los representantes sindicales de los bomberos profesionales han asegurado que, una vez se conozca el resultado del recurso presentado por el Ayuntamiento, decidirán qué nuevas acciones tomar entre las que no descartan la vía judicial y, para ello, ya han puesto toda la documentación de la que disponen en manos de un abogado.
Los bomberos profesionales creen que la sanción de Trabajo al Ayuntamiento puede tener unos «costes económicos fortísimos» para las arcas municipales, pero han considerado que ello demuestra y les da la razón que, por ley, el municipio debe tener un cuerpo profesional para la extinción de incendios y la atención de emergencias al superar los 20.000 habitantes, en lugar de una Agrupación de Voluntarios.
La situación actual es «ilógica» porque, aunque los profesionales han asegurado que no tienen «nada en contra de los voluntarios», el Ayuntamiento debería crear un equipo profesional y dejar de incurrir en las «irregularidades» que hasta el momento se vienen cometiendo y de «forma consciente» por parte del alcalde, Diego Movellán.
En este sentido, han recordado que los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Camargo cobran unos 900 euros de retribución económica en concepto de dietas pero no cotizan a la seguridad social, algo que han considerado una «falta de ética» por parte del alcalde.
Además, han criticado el «oscurantismo» de Movellán en este asunto, ya que, han dicho, la Plataforma se reunió con él antes de la denuncia ante Inspección de Trabajo, un encuentro que han calificado de «muy tenso» y en el que el regidor parecía «mofarse» de ellos.
Los bomberos profesionales también han alertado que la situación de Camargo se está empezando a extender a otros municipios como Suances, donde la agrupación ha recibido un camión nodriza que estaba en posesión del 112, a quien «no le sobraba», para poder atender la extinción de incendios.
Asimismo, al igual que en Camargo se avisa de las emergencias antes a los voluntarios que al cuerpo profesional más cercano que es el de Santander, en Suances se está dando la misma circunstancia, es decir, que actúan en un primer momento los voluntarios en detrimento de los profesionales de Torrelavega.
En ambos casos, aunque han indicado que no llegan al «mismo extremo», han considerado que hay «alguna directriz» por parte de la Consejería de Presidencia, que coordina el área de Emergencias, o de algún responsable concreto para que sean mayormente las agrupaciones de voluntarios quienes se hagan cargo de las intervenciones.
Algo que, han manifestado, por ley y «lógica» deben hacer los cuerpos profesionales desde el primero momento, aunque después cuenten con el apoyo de otras agrupaciones de Protección Civil. En este punto, han puesto como ejemplo el incendio de una nave de tablas de surf en el polígono de Cros de Camargo, donde intervinieron primero los voluntarios, «se les fue de las manos» y tuvieron que llamar a los bomberos de Santander para que «solucionaran» la situación.
Así, se han preguntado qué habría ocurrido si hubiese habido víctimas mortales y de quién hubiese sido la responsabilidad en la intervención. Con estas cuestiones, han incidido en que han de ser los 9 parques profesionales (los municipales de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales y los seis de la comunidad autónoma) quienes sean alertados por Emergencias para atender los incidentes desde el primero momento.
Por otro lado y ante el hecho de que Emergencias avise antes a las agrupaciones de voluntarios que a los cuerpos profesionales, han reclamado a la Consejería de Presidencia la elaboración de unos protocolos en los que se prime, no el quién atiende una incidencia antes, sino que el «tiempo de respuesta sea el mínimo posible».
A este respecto, han indicado que se han reunido con el director general de Protección Civil, Luis Sañudo, quien se ha comprometido a redactar esos protocolos, aunque les ha dado un plazo de tiempo, y les ha asegurado su participación para la aportación de «ideas y sugerencias» a los mismos.
«Detrás de esto no hay ningún interés económico. Lo que queremos, al igual que el resto de los ciudadanos, es que si les pasa algo a nuestras familias reciban atención en el menor tiempo posible», han indicado, al tiempo que ha señalado que esa atención debe contar con la mayor profesionalización «operativa y técnica».
En la rueda de prensa, han intervenido los representantes sindicales de UGT, CCOO, USO, SIEP y CSIF, Francisco González, Guillermo Río, Joaquín de la Maza, David del Valle y Manuel Gómez, respectivamente.