La nueva regulación eólica introduce el principio de la seguridad jurídica en su desarrollo

El diputado regional Carlos Bedia valora la responsabilidad, prudencia y celeridad del Gobierno de Cantabria en hacer frente a la situación de incertidumbre generada tras la anulación por parte del TSJC del anterior concurso
El diputado regional y portavoz del PP en materia de Industria, Carlos Bedia, ha destacado hoy que «tras la incertidumbre generada por el concurso eólico del Gobierno de coalición PRC-PSOE y su reciente anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)», el anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno presidido por Ignacio Diego «sustente el desarrollo eólico en Cantabria en el principio básico de la seguridad jurídica», «principio sin el cual no podría salir adelante un proyecto tan importante para el futuro económico de nuestra región», ha dicho.
El parlamentario ha valorado de este modo el anteproyecto elaborado por el Gobierno del Partido Popular para regular el aprovechamiento eólico en Cantabria, una regulación que nace «tan sólo tres meses después del pronunciamiento de los tribunales de justicia, «dando cumplimiento a los plazos comprometidos por el presidente Diego» y que, además, lo hace con la «vocación de consenso que no tenían regionalistas y socialistas», según ha subrayado.
De este modo, Carlos Bedia ha contrapuesto la «responsabilidad», la «prudencia» y la «celeridad» del Ejecutivo de Ignacio Diego en esta norma, con la «fracasada gestión» del anterior Ejecutivo en su planeamiento eólico, «que además de tardar ocho años en ser elaborado para no aportar soluciones a las necesidades energéticas cántabras, lo único que generó fueron unos derechos en las empresas adjudicatarias del concurso de 2009, que deberemos pagar todos los cántabros».
En este sentido, Bedia ha lamentado que la secretaria general del PSC-PSOE, Rosa Eva Díaz Tezanos, se haya atrevido a hablar en su valoración de este anteproyecto de «compadreo entre empresas y políticos» cuando «todo el mundo sabe como se hizo el concurso eólico anulado por el TSJC por el que ahora todos los cántabros tendremos que pagar indemnizaciones que pueden ser millonarias», ha dicho.
Carlos Bedia ha lamentado que la dirigente socialista «confunda compadreo con consenso», puesto que lo que el Ejecutivo de Ignacio Diego está tratando de alcanzar es «el mayor consenso posible» entre todos los agentes involucrados en el desarrollo eólico en la comunidad autónoma en torno al texto que se remitirá después al Parlamento. «No se trata de enfrentar a los agentes interesados en el desarrollo eólico, sino de conseguir una cooperación y colaboración que permita desatascar el embrollo jurídico heredado por la incompetencia del bipartito PRC-PSOE», ha sentenciado.
Así, Bedia ha dicho que resulta «alentador» comprobar como los propios empresarios del sector han destacado la seguridad jurídica que la nueva regulación ofrece al sector en comparación con el anterior Plan, y como han mostrado su disposición a colaborar con el Ejecutivo.
Asimismo, ha valorado que la nueva regulación que se propone para la energía eólica en la comunidad «permite un desarrollo más individualizado y detallado de las potencialidades que en Cantabria tiene la energía eólica», alejándose del «modelo ineficaz» planteado por PRC y PSOE que «como ya hemos visto ha tenido un resultado nefasto», ha dicho.
Por todo ello, Carlos Bedia ha querido trasladar al Ejecutivo el «agradecimiento» del grupo parlamentario Popular por el «gran esfuerzo» que está haciendo para desbloquear el «barullo eólico» que recibió de socialistas y regionalistas. «Gracias a una visión más realista y pragmática del Gobierno de Ignacio Diego se ofrecerá una seguridad jurídica a los inversores y a los agentes sociales involucrados que, por fin, permitirá desarrollar en Cantabria una fuente de riqueza bloqueada durante ocho años por la ineptitud del gobierno de Miguel Ángel Revilla», ha finalizado el diputado regional del PP.