El equipo de gobierno de Gema Igual ha decidido presentar batalla judicial tras el varapalo de los tribunales por el cierre al tráfico de la calle Marcelino Sanz de Sautuola. El Consistorio ha solicitado formalmente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la revocación de las medidas cautelares que imponían el restablecimiento provisional de la circulación bajo el emblemático arco de Faro Santander, aportando un expediente «a la carta» de los servicios municipales para intentar justificar el bloqueo del vial.
En una maniobra aprobada de urgencia por la Junta de Gobierno Local, el PP ha modificado formalmente la configuración de este tramo de 37,7 metros lineales, recalificándolo de «viario de uso rodado» a «viario compartido y restringido». Para blindar esta controvertida decisión frente al juzgado, la Concejalía de Fomento ha echado mano de informes del Servicio de Estadística —que alega que «no hay empadronados bajo el arco»—, así como de la Policía Local y del TUS, argumentando que el corte beneficia la fluidez, la seguridad peatonal y el cumplimiento de los horarios del transporte público.
Un aplazamiento calculado con la excusa de la inauguración
Pese a que el auto judicial del pasado 2 de septiembre dictaminó la reapertura del tráfico para beneficiar la movilidad de los ciudadanos, el Ayuntamiento ha decidido dilatar el acatamiento de la orden judicial. La calle permanecerá completamente cortada como mínimo hasta el próximo 18 de septiembre, utilizando como justificación la agenda de actos privados, tareas de mantenimiento, traslado de esculturas y las jornadas de puertas abiertas organizadas para la puesta en marcha del proyecto Faro Santander.
Aunque desde la Alcaldía se asegura haber encargado a los departamentos de Tráfico los costes y trabajos necesarios para señalizar la reapertura en caso de que el juez mantenga las cautelares, el Ejecutivo municipal pretende agotar todas las vías administrativas para sostener este modelo de restricciones en pleno centro urbano. La última palabra la tendrá ahora el juzgado, que deberá determinar si valida la maniobra de la corporación o fuerza al PP a retirar los pivotes y devolver el tráfico a los santanderinos.
