La juez Alaya declara a UGT y CC.OO responsables subsidiarios en el caso de los ERE

La juez ha decretado también una fianza de responsabilidad civil de 531.065,68 euros al empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom, propietaria del Hotel Don Pedro y Don Pablo en la provincia de Málaga.
La juez Mercedes Alaya ha dictado dos autos en los que declara la responsabilidad civil subsidiaria de UGT y CCOO en el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía. Así, establece una fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros para el secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona. En los autos notificados ayer a las partes, la magistrada prohibe salir de España a los dos sindicalistas y les obliga a entregar el pasaporte, debido a la «extraordinaria gravedad de los hechos que se les imputan, las penas elevadas a las que podrían enfrentarse y la compleja instrucción, que puede concretar o poner de manifiesto nuevos hechos delicitivos».
Alaya considera que tanto Mera como Carmona se dirigieron entre 2006 y 2007 al dueño de Uniter, José González Mata, para solicitarle la entrega de ciertas sumas de dinero para «paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria». La juez asevera que hicieron la petición «a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos» y señala que ninguno de los conceptos citados «respondía a gastos necesarios soportados realmente». Así, se acordaron pagos a UGT y CCOO, que cobraban «habitualmente» unos ingresos mensuales que «podrían oscilar entre los 90.000 euros y algo menos de 20.000 euros». A lo largo de la década pasada ambos sindicatos cobraron 3,2 millones de Uniter y 4,2 millones de Vitalia «con cargo a las sobrecomisiones abonadas por la Junta». Algunas de ellas, según la juez, se cobraron «doblemente», como en el caso de CCOO en Delphi. Así, en 2007 las comisiones cobradas por los sindicatos fueron de 266.391,63 euros y en 2008 de 206.739,45 euros.
La juez ha decretado también una fianza de responsabilidad civil de 531.065,68 euros al empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom, propietaria del Hotel Don Pedro y Don Pablo en la provincia de Málaga.
Por otra parte, la Fiscalía de Sevilla recriminó a Alaya las «expresiones gratuitas» y «reproches que no conducen a nada» tras su crítica a los fiscales, a quienes la juez acusó de provocar un «error y un esfuerzo inútil» en elcaso Mercasevilla.
EL PAÍS 16/EL MUNDO 10/ABC 1,24,25/EL PERIÓDICO 18/LA RAZÓN 1,16/LA GACETA 18
El secretario de Organización de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Andalucía -entidad satélite de UGT -, José Lorenzo Morilla, creó en 1998 la empresa que entre 2000 y 2010 facturó 7,93 millones de euros al sindicato por impartir cursos de formación, según destaca hoyEL MUNDO.
EL MUNDO 1,8/EL ECONOMISTA 22