La Educación Pública como servicio esencial

Pablo González de la Riva, responsable de la secretaría de servicios básicos de Podemos Cantabria
El veintiuno de mayo de 2018 el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad “El pacto por la educación en Cantabria” que instaba al gobierno a dotar de una financiación mínima del 5% del PIB en 8 años, con la intención de alcanzar, en otros 8 años, el 7% al sistema educativo. Desde los sindicatos educativos, y desde mi partido, celebramos su aprobación, aunque dieciséis años para alcanzar esta financiación quizá pueda parecer excesivo o poco ambicioso
Pues bien, después de dos años este objetivo queda cada vez más lejos, empeorado, si cabe, por las condiciones en las que se ha de cumplir, debido a la COVID 19. A modo de ejemplo, una de las medidas contempladas en dicho pacto es la siguiente:
“De manera complementaria a la red de Orientación de Cantabria, se sugiere que se estudie la posibilidad de crear un Equipo Transdisciplinar completo: profesionales de la pedagogía, psicología, ergonomía, medicina, informática, terapia social, trabajo social… Este equipo podría realizar evaluacionesin situo en una sede con ayudas técnicas especializadas, y serviría para evaluar y asesorar en casos complejos.”
Para conseguir muchos objetivos e implementar medidas como la anterior que se proponen en ese pacto es necesaria dicha financiación. Resulta por tanto que, sin ella, el documento que con tanto esfuerzo salió de la comunidad educativa, se queda en poco más que papel mojado.
Hay que modernizar las infraestructuras y los recursos. Esto es esencial en la FP y en la Universidad. Se debería revisar la oferta educativa para hacerla más acorde a la demanda de empleo. Menor oferta, pero de mejor calidad y para empleos de mayor valor añadido.
Otro ejemplo. Ahora que en Europa se ha alcanzado un acuerdo importantísimo para financiar la reconstrucción económica tras la crisis provocada por la pandemia, es necesaria, más que nunca, una educación que forme personas capaces de asumir el reto de llevar a cabo un cambio de modelo productivo, pues esta financiación está ligada a proyectos relacionados con la transición ecológica, la digitalización, la movilidad sostenible y la economía de cuidados, no con el turismo y la construcción, como parece que se empeña nuestro telepresidente.
La educación pública juega, en todo esto, un papel fundamental pero no sólo; va mucho más allá de una rutina diaria, unos contenidos aprendidos (muchas veces de memoria) o una liturgia marcada por el calendario (compra de libros y material escolar a principios de curso, boletines de calificaciones trimestralmente, extraescolares, etc) si no que está en la base de lo que pretende ser un país y un sistema social, político y económico. Forma a nuestros jóvenes en principios cívicos, democráticos, inclusivos, solidarios, cooperativos, respetuosos de los Derechos Humanos, equitativos, igualitarios, críticos y un largo etcétera.
Todo esto no sale únicamente de los currículos oficiales, que también. Sale de una legislación que apueste por estos objetivos, no sólo en los preámbulos como declaración de intenciones; sale de la organización y funcionamiento de los centros educativos, del talante de la comunidad educativa, los equipos directivos, los entornos, la puesta en marcha de proyectos de innovación de los equipos docentes y también, aunque pueda parecer mentira, de los presupuestos.
Si hay algo que se ha puesto de manifiesto durante la crisis sanitaria y en el confinamiento es la importancia de tener unos servicios públicos fuertes y de calidad. En lo referente a la educación, dotar a todos de los medios necesarios y de un seguimiento individualizado de cada alumno y alumna, porque de esto fundamentalmente depende que muchos no se hayan quedado atrás, ha supuesto un enorme esfuerzo del profesorado y de los centros, que se habría visto aliviado si de antemano hubiéramos contado con esos medios y con unas ratios menores.
Muy al contrario, la administración educativa, no sólo no hace un esfuerzo en este sentido si no que pretende afrontar el escenario educativo post covid con prácticamente los mismos recursos humanos y materiales. El aumento de plantillas en toda Cantabria es insuficiente, por no decir que lo que les aumentan a unos se lo reducen a otros.
No hay mal que por bien no venga, reza el dicho popular, por lo que debemos aprovechar esta circunstancia que ha puesto de manifiesto las carencias del sistema para abordar una serie de reformas de calado muy diversas. Algunas pueden tener efectos inmediatos y otras, la mayoría, los tendrán a más largo plazo y por eso quedan fuera del rango cortoplacista que caracteriza la política de los gobiernos de las últimas décadas. A modo de ejemplo tenemos las siguientes:
Aumentar las plantillas para disminuir los ratios. Si queremos mejorar la atención a los alumnos, hacerla más individualizada y establecer medidas de inclusión eficaces tenemos que disminuir el número de alumnos en el aula, lo que implica necesariamente aumentar las plantillas de los centros. No podemos pretender mejorar la calidad de la enseñanza, con la diversidad que hoy en día hay en las aulas, con ratios de treinta alumnos en secundaria y hasta treinta y cinco en bachillerato, por poner dos ejemplos.
Digitalizar las aulas. Por dos motivos fundamentales. Por un lado, es un hecho la digitalización de todos los procesos (administrativos, comerciales, productivos, de información) y la enseñanza no puede quedar al margen y por otro, el confinamiento ha mostrado la potencialidad de la atención telemática al alumnado y también la falta de un plan y la improvisación habida en este periodo, donde cada uno ha salido de la situación como ha podido.
La digitalización de la enseñanza implica una fuerte inversión en dotar a los centros públicos de medios digitales e informáticos, formación del profesorado y del alumnado, redes de internet modernas de gran capacidad. Esto requiere ser abordado mediante un plan plurianual para aliviar el esfuerzo económico que supone para la administración.
Para que este plan llegue a todos los rincones de Cantabria se hace necesaria también la extensión de la red de fibra óptica por todo el territorio, lo que involucra a otras consejerías del gobierno para establecer un plan de dinamización de la economía y del mundo rural. Los fondos europeos de reconstrucción están ligados a la digitalización, entre otros objetivos.
Reorganización de la oferta de formación profesional.Tenemos que repensar la oferta de FP, adaptándola a la demanda actual de empleo y al futuro modelo productivo que queremos para Cantabria.
Aunque la tasa de empleabilidad de los titulados en FP es bastante alta en general, ronda el setenta por ciento, también es cierto que hay enseñanzas con poca demanda, centros muy cercanos entre sí que imparten los mismos ciclos y otros en donde los titulados tienen que irse fuera de Cantabria para encontrar trabajo relacionado con su formación. La Formación Profesional es cara- mantener infraestructuras actualizadas- por lo que hay que ser muy cuidadoso en qué se invierten los recursos públicos.
Una apuesta decidida por la escuela pública. No podemos seguir manteniendo dos redes educativas, una concertada y otra pública. Primero porque supone una detracción de recursos a esta última que la impide mejorar en todo su potencial; segundo porque se ha establecido un sistema perverso de competencia entre ambas y no precisamente en igualdad de condiciones; tercero porque promueve la segregación; cuarto porque el Estado no debe delegar un servicio esencial en manos privadas donde los sistemas de control no llegan tan a fondo y quinto porque si nos fijamos en los sistemas más exitosos, se basan en la apuesta por una red pública que da servicio a más del 90% de la población escolar.
En Santander, la oferta educativa se decanta a favor de la escuela concertada en un sesenta por ciento y por lo general se localiza en las zonas más favorecidas de la ciudad, mientras se cierran unidades o colegios enteros en la escuela pública, lo que agrava aún más el problema. Lo que demuestra esta situación es que la administración está haciendo, como mínimo, dejación de funciones, cuando no favoreciendo a una respecto a la otra intencionadamente.
¿Y de dónde salen los recursos? Los presupuestos de Cantabria de 2019 se aprobaron con el apoyo del grupo parlamentario de Ciudadanos, al contrario que en los ejercicios anteriores cuando se negoció con Podemos, a cambio de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Dicho acuerdo ha traído consecuencias en la recaudación para el erario público de Cantabria y es que en el periodo de 2017 se recaudaron en Cantabria 38,1 millones de euros y en 2016 otros 33,6 millones. Ese ingreso suponía aproximadamente un 6,3% del total de ingresos de Cantabria.
Todas las reformas enumeradas anteriormente necesitan de financiación y de voluntad política para llevarlas a cabo. Si renunciamos a ciertos ingresos y continuamos con políticas cortoplacistas, no sólo no podremos cumplir el pacto por la educación, si no que estaremos echando por la borda el futuro de nuestra tierra.