La Consejería de Presidencia cesa a la psicóloga responsable de la Oficina de asistencia a víctimas de delitos violentos

Desde hace días las personas citadas se encuentran huérfanas, sin terapia, sin respuesta y sin ninguna explicación.
IMÁGEN. Paula Fernández, consejera Presidencia Gobierno de Cantabria
Desde el correo Usuarios de Cantabria de la Oficina de Asistencia a Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual de Cantabria, se nos ha remitido la siguiente información:
Empezamos el año con muy mal pie. Desde el pasado lunes, 4 de enero, la Oficina de Asistencia a Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual de Cantabria da la espalda a los usuarios. Las citas no han sido oficialmente anuladas, pero el servicio ha sido decapitado de facto al impedir a Aurora Gil Álvarez, la psicóloga responsable desde hace más de una década, siga atendiendo. Sería absurdo tratar de repetir aquí todos sus méritos profesionales. Sirva de muestra un botón, no hemos conseguido localizar ningún usuario que no estuviese sobradamente satisfecho con su trabajo.
Su asiento ha sido ocupado de manera puntual, casi accidental, diríamos. Poco o nada nos interesan las cuitas internas en la contratación o prestación de servicios por parte de la Dirección General de Justicia. Pero la realidad es que desde hace días las personas citadas se encuentran huérfanas, sin terapia, sin respuesta y sin ninguna explicación. ¿De qué sirve mantener abierta una oficina cuya principal finalidad es la asistencia psicológica a víctimas si a éstas se les ha hecho a un lado, se les impone un cambio de profesional contra su voluntad y se las deja en la mayor de las desatenciones en un momento tan crítico como éste?
Por increíble que pueda parecer, no es ésta la primera vez que la Dirección de Justicia, de la que depende la OAV, decide unilateralmente discontinuar el servicio. Hace dos años, con la misma inoperancia de las fechas navideñas y nula información a los ciudadanos la Dirección General de Justicia, dirigida por Pablo Ortiz, ejecutó el mismo movimiento. A ello le siguieron dos meses de incertidumbre. Lo usuarios, junto a nuestras familias y amigos, nos movilizamos entonces hasta conseguir que las más altas instancias de la Consejería de Presidencia atendieran a nuestras demandas y se comprometieran a dar una solución definitiva a este problema.
Explicamos entonces que cambiar de terapeuta de forma brusca e inexplicable podría tener -y de hecho tuvograves consecuencias en la psique de las víctimas. Es una cuestión de sobra conocida por los expertos. Su intercesión fue resolutiva y la psicóloga siguió atendiendo en la OAV. Guillermo Blanco, entonces jefe de gabinete de Miguel Ángel Revilla, subrayó que “la voluntad de la ciudadanía es soberana”. Todo apuntaba a que la crisis había sido zanjada, pero veinticuatro han resultado ser pocos meses para cerrar de forma definitiva este sainete. Interrumpir el servicio de asistencia a víctimas y sumirlo en el limbo absoluto sin ninguna explicación no ayuda a apaciguar nuestras mentes.
Nuestras vidas fueron dolidas primero por la herida del maltrato o la violencia y ahora por el desgarro que nos producen la indiferencia y el desprecio de la Dirección de Justicia, designada por ley para defendernos. ¿Se ha olvidado el Gobierno de Cantabria de los cientos de familias afectados por este sinsentido?
Comenzamos año nuevo, abran la agenda, solucionen el problema y tomen buena nota de todos nuestros nombres. Los de entonces y los de ahora. Nosotros haremos lo propio. Devuelvan a Aurora Gil a la Oficina. El suyo es un trabajo silencioso, cotidiano, que no debería hacer ruido en los ecos de actualidad. Dejen que la Oficina de Atención a víctimas siga funcionando correctamente, como siempre