La Organización considera que proporcionaría una sensación de «falsa» seguridad que no puede utilizarse como documento fiable para el fin pretendido.
«A día de hoy, lacartilla covidno tiene utilidad, porque, cuando una persona ha pasado la enfermedad, no sabemos ni cuánta inmunidad ha generado y ni siquiera por cuánto tiempo», ha explicado el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. Para el doctor, el problema es que «el pasaporte no garantiza durante cuánto tiempo y con qué intensidad estás inmunizado y, si se miran los anticuerpos –advierte–, hay que tener en cuenta con qué método se hace, porque no todos son igual de fiables»
Al margen de las cuestiones médicas, estos pasaportes también despiertan dudas juridicas y éticas sobre la protección de datos. La Organización de Consumidores y Usuarios considera que no es aceptable por la falta de fiabilidad y «por su dudosa legalidad, ya que deja al descubierto datos de salud confidenciales». Su utilización crearía además un precedente peligroso porque los métodos para la certificación inmune del SARS-CoV-2 podrían ampliarse para incluir información de tipo personal como, por ejemplo, registros de salud mental o resultados de pruebas genéticas.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado que «no hay evidencia científica que respalde» la ‘Cartilla Covid-19’ anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a fin de identificar a las personas que han padecido la enfermedad, para evitar que puedan contagiar y los que no la han padecido, para evitar que puedan ser contagiados.
Según OCU, esta medida «no sería acertada, por falta de fiabilidad y de dudosa legalidad». «Desde un punto de vista puramente clínico, hoy en día, no hay seguridad científica sobre el tipo de inmunidad que confiere el haber pasado la enfermedad. No se sabe a ciencia cierta si los anticuerpos aseguran inmunidad duradera, ni (si es así) qué nivel de anticuerpos es el que asegura la citada inmunidad, ni sobre la duración de los anticuerpos», señalan.
La Organización considera que proporcionaría una sensación de «falsa» seguridad que no puede utilizarse como documento fiable para el fin pretendido. Por otra parte, OCU quiere alertar de que este tipo de medidas «pone al descubierto datos de salud que, como tal, deben adaptarse a la normativa sobre protección de datos e incluir todas las garantías que la citada legislación exige».
«Cualquier dato de salud que conste en una cartilla o tarjeta supone una grave intrusión en los derechos de los afectados, no sólo porque se indicaría claramente que se ha pasado o no la enfermedad (al margen del estigma social que ello pueda conllevar) sino también porque, a partir de él, se presumiría (pero no se acreditaría ni se aseguraría) que una persona puede contagiar o no», insisten.
Por otro lado, la Organización se pregunta si además de la finalidad sanitaria, con ello se pretende la denegación de acceso a un colegio, a un hotel o a un puesto de trabajo, con lo que «nuevamente se estaría desvelando a terceros datos de salud, especialmente protegidos, que además pueden tener un importante impacto para la persona afectada».
