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‘KyK’ dejó por escrito que se conocían las múltiples ilegalidades en la APD2 de Castro

Por Redacción
29 de marzo de 2014
en Hemeroteca

Un manuscrito de ‘KyK’ reconoce las irregularidades en la APD-2 de Castro. Es el desarrollo urbanístico del que el juez Acayro informó, hecho por el que se le imputa.
©EL MUNDO CANTABRIA/FÉLIX VILLALBA / SantanderEl que fuera concejal de Hacienda y Patrimonio de Castro Urdiales, José Miguel Rodríguez López, alias KyK, dejó escrito de su puño y letra que en el desarrollo urbanístico conocido como la APD-2 se cometían «múltiples irregularidades urbanísticas y de infraestructuras» por parte de los diversos promotores y constructores. Es la zona por la que el juez Luis Acayro, que estaba en plena instrucción penal, remitió información a un juzgado de lo contencioso administrativo, a petición de un testigo, para aportar datos ante un litigio sobre la concesión de una licencia por silencio administrativo. El hecho de remitir información le ha supuesto a Acayro ser el primer juez de la región contra el que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admite una querella por prevaricación. Es el área que investigaba Acayro y por la que remitió documentación al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, hecho por el que ahora se le imputa prevaricaciónEl Área de Planeamiento Diferido número 2 de Castro Urdiales, conocido como APD-2, se ha convertido en asunto de actualidad, pero no porque haya abierta una instrucción penal sobre ese desarrollo urbanístico, sino porque un litigio en lo Contencioso Administrativo ha dado origen a la admisión a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), por primera vez en la historia de la región, de una querella por prevaricación contra un juez. La APD-2 tiene, desde luego, motivos para estar en el candelero desde su origen,ya que el propio José Miguel Rodríguez López, conocido como KyK, dejó escrito, siendo concejal de Hacienda y Patrimonio, que eran conocidas las «múltiples» ilegalidades cometidas en la zona.En un manuscrito fechado el 23 de agosto de 2006 y con sello de registro del Ayuntamiento de Castro Urdiales del día siguiente, KyK es muy claro a la hora de solicitar una inspección en la APD-2. Así arranca su nota: «Siendo conocidas las múltiples irregularidadesurbanísticas y de infraestructura que están realizándose por los diversos promotores y constructores de la zona». Esta frase introductoria no deja lugar a dudas. El Ayuntamiento de Castro Urdiales conocía perfectamente que la forma en que se estaba actuando en la APD-2 no era la correcta. Este desarrollo urbanístico es una de las causas que está instruyendo el juez Luis Acayro.Fue precisamente durante el interrogatorio a un testigo, un técnico municipal, cuando el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la localidad conoce que el constructor Jon Loroño estaba intentando conseguir licencia para las viviendas que desarrollaba en una de las parcelas mediante un recurso en el contencioso administrativo.Buscaba, y lo consiguió, que el Contencioso considerara positivo el silencio de la Administración. Sin embargo, había informes esenciales contrarios a esa reclamación que no se habían remitido desde el Ayuntamiento al Contencioso. El técnico pidió a Acayro que los enviara y así lo hizo. Ahora, Jon Loroño le acusa por ello de prevaricación y el TSJC ha admitido a trámite  la querella.En el informe se afirmaba que existían graves irregularidades, sobre todo en relación a las cesiones de terreno al Ayuntamiento y por la carencia de infraestructuras básicas.El escrito del entonces concejal José Miguel Rodríguez López, imputado en varias causas penales, confirma que en el Ayuntamiento no habían pasado desapercibidos los hechos. Tras reconocer que eran sabidas las irregularidades, «y dada la única responsabilidad del actualequipo de Gobierno y del Departamento de Urbanismo», según explica KyK, señala que «sería muy conveniente que por parte de los técnicos municipales, o por empresa exterior de reconocido prestigio, se realice una inspección general y emitan un informe al respecto».A pesar de la presunta gravedad de los hechos en torno a la APD-2 informados por el juez Acayro al Contencioso Administrativo, la única consecuencia ha sido la admisión a trámite en el TSJC, sin consulta previa a la Fiscalía, de una querella contra él por prevaricación.Los manuscritos>Rodríguez López dejó muchas cosas por escrito. De momento han aparecido tres manuscritos suyos (reproducidos en esta página).Dos ya los publicó este periódico y hacen alusión a la adjudicación previa al concurso, que se hizo a medida, de un alquiler, y a la pregunta de ‘KyK’ a su abogado sobre si podrían influir Vicente Mediavilla (entonces consejero de Justicia) y César Tolosa (presidente del TSJC) en el juez para favorecerle.

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