Si hay algo que los ciudadanos debemos tener presente es que cada vez que el Estado actúa, siempre, siempre ocurren dos cosas: nos cuesta libertad y nos cuesta dinero.
Así tituló Ludwing Von Mises una de las obras de su extensa bibliografía, publicada en 1944. En ella el genio austriaco repasaba desde la realidad que le ofrecían los convulsos tiempos de la gran Viena, la presencia de un estado cada vez de mayor tamaño y más entrometido en la vida de la gente.
Desde luego que esto no es aquella Viena, sobre todo por la diferencia de talento existente entre aquella época y la que ahora vivimos, además del apetito regulatorio, las ansias de control a los ciudadanos y el infierno fiscal que sufrimos, ni siquiera entonces se podía comparar con el presente.
En España el tamaño del Estado y el consumo de recursos no ha parado de aumentar desde la Constitución de 1978. En estos momentos soportamos una estructura formada por el Gobierno y la Administración Central, las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares, Mancomunidades, Ayuntamientos, Pedanías, Juntas Vecinales, Concejos, Entes Públicos … que tienen estabulados a tres millones de empleados públicos que todo ello ha provocado endeudamiento superior al PIB Nacional y una voracidad tempestuosa para aumentar los impuestos.
Tenemos un Estado que abandonó hace tiempo las funciones básicas, únicas que pueden justificar su existencia, de defensa de la libertad, la vida y la propiedad de los ciudadanos, para en lugar de ello dedicarse a ordenar las cuestiones más inimaginables y estúpidas que puedan existir. Para ello las AA.PP disponen del arma más destructiva que podamos imaginar : El Boletín Oficial, instrumento diabólico que nos ha llevado a una hiperinflación normativa y regulatoria que por mucha voluntad que se ponga en comprenderla es un ejercicio imposible.
Si hay algo que los ciudadanos debemos tener presente es que cada vez que el Estado actúa, siempre, siempre ocurren dos cosas: nos cuesta libertad y nos cuesta dinero. Nos cuesta libertad ya que siempre aparecen para acotar espacios y actividades ciudadanas que hasta ese momento no lo estaban, creando obligaciones y normas que restringen el libre albedrío de la gente. También nos cuesta dinero, pues a toda obligación le añaden una Tasa o se inventan otro impuesto ad-hoc.
Calificar al Estado como “Infierno normativo” en absoluto es tremendista, en 2019 se aprobaron en España del orden de 13.000 leyes, normas , decretos … si, han leído bien. Este dopaje normativo alcanzó incluso a localidades como Villanueva de la Torre, en donde los perros tienen permiso para ladrar desde las ocho de la mañana a tres de la tarde, para después del pertinente descanso puedan volver los villanovenses canes a ladrar de cinco de la tarde a diez de la noche. (Doy mi palabra que esto es completamente cierto)
Como sería la situación que los mismos culpables del desmadre normativo decidieron contenerlo, así, el Parlamento aprobó en el año 2013 la “Ley de Unidad de Mercado”, que en lugar de arreglar nada generó su propia burocracia normativa, pues empezó creando el “Consejo para la Unidad de Mercado” que se puso como un poseso a inundar de informes , dictámenes y colmatar de normas la administración que pretendían adelgazar.
Enternecedor, verdad. Como traducimos en materia impositiva todo este piélago normativo …? Pues pagando al Estado más que nadie.
En España cuatro de cada diez euros del salario de los trabajadores se lo queda la Administración, esto son cinco puntos superior a la media de la OCDE, dato relevante en estos momentos de debate sobre la subida del SMI, pues cuanto más elevado sea este mayor dinero se embolsa el Estado.
Está claro que no les conviene nada limitar ni el tamaño ni la producción legislativa, pues si así lo hicieran controlarían menos al común e ingresarían menos dinero de los ciudadanos y eso no les gusta nada, por lo tanto continúan interviniendo, aunque el intervencionismo traiga desconfianza y supongan para la Nación un lastre insoportable.
