Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León presentaron ayer los recursos judiciales para solicitar la suspensión cautelar de la inclusión del lobo en el LESPRE
El consejero, junto a sus homólogos de Galicia, Asturias y Castilla y León, y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Foto: Lara Revilla)
Santander – 28.09.2021
Los consejeros de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco; de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez, y de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, han anunciado hoy la presentación de los correspondientes recursos judiciales necesarios para solicitar la suspensión cautelar de la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Para ello, han presentado a través de sus respectivos servicios jurídicos autonómicos del recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, “oponiéndonos a la inclusión del lobo ibérico en el LESPRE y solicitando a los jueces que ordenen la suspensión cautelar para la orden que regula la especial protección de la especie hasta que haya sentencia firme de los contenciosos que se presentan”.
Asimismo, han anunciado la decisión conjunta de solicitar una entrevista al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación del lobo ibérico en España y lo que supone “este ataque del Gobierno de España hacia las políticas medioambientales de la Unión Europea”.
Los cuatro consejeros han mantenido hoy una reunión con los representantes nacionales de las organizaciones profesionales agrarias (COAG, UPA y ASAJA) para acordar las medidas a adoptar de manera conjunta ante la inclusión del lobo en el LESPRE.
La reunión, en el que también ha participado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para transmitir su apoyo a todas las autonomías y a los ganaderos y agricultores, los consejeros han revalidado el compromiso adquirido por las cuatro autonomías de seguir trabajando de manera coordinada en beneficio de la coexistencia del lobo con la ganadería extensiva, así como seguir colaborando con las organizaciones profesionales agrarias y el resto de instituciones o entidades que se sumen a las acciones judicial que “hemos emprendido contra el despropósito del Ministerio de incluir al lobo en el LESPRE.
El consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha insistido en que el objetivo de la postura común de las cuatro comunidades autónomas “no es ni muchísimo menos acabar con el lobo dado que somos absolutamente conscientes y respetuosos con nuestras obligaciones de conservar una especie de interés comunitario, ajustándonos a las normativas europeas que avalan la aprobación de nuestros respectivos planes de gestión de la especie”.
Una obligación que, según Blanco, “desprecia a los ganaderos que tienen su forma de vida amenazada por el incremento de ejemplares que se han producido en los últimos años, tanto en abundancia como en áreas ocupadas, y que el MITERD “no ha podido desmentir”.
El también titular de Medio Ambiente ha confesado sentirse “indignado” al escuchar a la ministra Teresa Ribera reprochar a las comunidades autónomas que “no hemos querido dialogar, cuando nos hemos cansado de solicitarlo, recibiendo siempre la callada como respuesta y un sinfín de mentiras” hasta el punto de escuchar recientemente que el Ministerio va a destinar millones de euros a la gestión del lobo, cuando la realidad es que la memoria económica de la orden que regula la especial protección para el lobo ibérico estima el coste para su puesta en marcha en 25.010 euros.
Blanco también ha mostrado su indignación y decepción por el posicionamiento público del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “el ministro de los ganaderos”, a favor de su compañera de Consejo de Ministros, cuando su Ministerio presentó alegaciones en la tramitación de la orden que coincidían con la postura conjunta de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León.
“Nos gustaría pensar que todavía hay espacio para el diálogo. Nunca nos cerraremos a ello, pero no vamos a admitir más avasallamiento”, ha considerado Blanco, quien ha avanzado que la reunión de hoy será la primera de los encuentros periódicos que van a mantener las cuatro comunidades autónomas en las próximas semanas para seguir definiendo los planes de actuación en defensa del sector ganadero y de un adecuado control y conservación de la especie.
“Se carga un modelo que funciona bien”
Por su parte, el consejeroFomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez, ha criticado que la inclusión del lobo en el LESPRE “se carga” el modelo que durante tantos años ha permitido que en España la especie tenga “las mejores poblaciones de su historia, siendo la envidia de muchos países y algo que la ministra tendría que lucir en vez de tomar este tipo de decisiones”.
En su opinión, la decisión del Ministerio “ataca” la pervivencia con el lobo, vulnera la vigente Estrategia nacional sobre la conservación de la especie y acaba por primera vez en la historia de la democracia española con el consenso general que “siempre ha existido” entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas a la hora de gestionar el control y conservación del lobo ibérico.
La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha agradecido el trabajo “incansable” de las distintas comunidades autónomas en el último año con el objetivo de cuidar la biodiversidad, así como la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias para reivindicar justicia y coherencia, “porque somos 7 millones de habitantes que representa el 27% del territorio” y respeto, “porque durante muchos años las comunidades autónomas han trabajado para que el lobo pueda gozar en estos momentos de buena salud y de un estado favorable”.
También han defendido el papel que durante estos años han realizado los planes de gestión de la especie en las distintas comunidades autónomas para ligar el equilibrio perfecto, “tan difícil de lograr” a la hora de poder defender al lobo y a la vez a los habitantes.
Finalmente, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha lamentado llegar a una situación de “una gran inseguridad jurídica” a la hora de gestionar el control y la conservación porque, en su opinión, la nueva orden deja a las comunidades autónomas, como responsables de la gestión de la especie sobre el territorio, “en el peor de los escenarios”.
Calvo ha asegurado que las cuatro comunidades autónomas han decidido presentar los recursos jurídicos ante la inclusión del lobo porque nuestra responsabilidad es defender el medio rural y la biodiversidad con todas las consecuencias. “No podemos permitir que se caricaturice al medio rural y lo vamos a defender para que el equilibrio que hemos conseguido entre la especie y la ganadería extensiva sigan avanzando para que el lobo siga sin estar en peligro como hasta ahora”.
Los consejeros han confiado en que la justicia “para que resuelva lo que el debate político no ha logrado y se recupere el sentido común en la gestión del control y la conservación del lobo en España”.
Las OPAS critican “el engaño” del Ministerio
Finalmente, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias UPA (Román Santallana y Alberto Pérez Quintial), COAG (Charo Arredondo y Gaspar Anabitarte) y ASAJA (Pedro Barato, Donociano Dujo y Manuel Herrero) han reconocido el esfuerzo de las cuatro comunidades autónomas para defender al sector ante las “tropelías” del Ministerio y han reclamado a la ministra Ribera que vuelva a retomar la senda del diálogo y el consenso.
Todos ellos han avanzado que adoptarán medidas contundentes, como la presentación, también, de recursos jurídicos para solicitar la suspensión cautelar de la orden que regula la inclusión del lobo en el LESPRE y futuras movilizaciones, y han coincidido en destacar que “este engaño del Ministerio va en contra del sector primario y del medio rural».
