Esta debería ser la principal cuestión, la calidad democrática, la calidad legislativa, el espíritu de unas leyes dando cauce para todos, no únicamente para los poderes gubernamentales
Hagamos un panel comparativo. En un lado pongamos a los países con superior nivel de renta, con el PIB per cápita más elevado, mayor esperanza de vida al nacer, menor mortalidad infantil, los mejores índices de alfabetización, con las condiciones laborales más seguras, con mayor población lectora o en donde se conculcan menos los derechos humanos…. saben que aparecerá ahí …? pues que los Países en donde esos estándares son más elevados son todos democracias, mientras que los que se sitúan con los peores datos son todos dictaduras o regímenes iliberales con algunas formas pseudo democráticas.
Entonces cual es la diferencia …? la diferencia estriba en que las democracias se sostienen sobre leyes que emanan de legislativos con legitimidad democrática salidos de elecciones libres, mientras que las dictaduras no. La libertad.
Estamos atravesando la peor crisis que se recuerda en España desde el final de la guerra civil, mucho más dañina que la desatada en 1973 con la crisis del petróleo o la situación hiper inflacionista que obligó a los Pactos de la Moncloa en 1977, por no hablar de la sufrida en 1992 o la más cercana en el tiempo y el recuerdo, la que se gestó entre 2008 y 2011.
La crisis actual que además de económica es sanitaria, se encuentra con un problema añadido como consecuencia del «Estado de Excepción» : La baja intensidad de actividad y el menor control que puede ejercer el Legislativo.
Si algo caracteriza al sistema político español es que en realidad no existe separación real de poderes, en España tenemos una separación de funciones, puesto que el Jefe del Partido que gobierna, además del Ejecutivo, controla el Legislativo por medio de los Diputados de su grupo que le deben el escaño y además «mete cuchara» con los nombramientos del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial sabiendo de sus nombramientos posteriores. Todo esto rebaja la calidad democrática puesto que hace las leyes más unidireccionales e impera el Decreto Ley como norma habitual, no como una excepción.
En estos momentos críticos para la Nación, con un Producto Interior Bruto cuya caída en 2020 ha sido del 11 % y con las estimaciones apuntando a otro descenso significativo para el primer semestre de 2021, es cuando más conveniente sería que toda la arquitectura legislativa necesaria para salir adelante emanase de un Parlamento con plena actividad debatiendo y aportando libérrimamente.
Afrontar únicamente desde el Ejecutivo toda la situación sanitaria y económica provocada por el CORONAVIRUS ha sido un error, que aunque legal, no aporta mayor legitimidad democrática a las decisiones adoptadas, ya hayan sido estas de salud, económicas, de orden público, represivas o coercitivas, pues se perciben como intereses de gobierno o partido / s, lo cual esteriliza su eficacia en primer lugar y daña la visión plural de conjunto retardando la necesaria salida de esta cruel situación.
Esta debería ser la principal cuestión, la calidad democrática, la calidad legislativa, el espíritu de unas leyes dando cauce para todos, no únicamente para los poderes gubernamentales que actúan siempre bajo el impulso de convertir sus deseos en órdenes no sujetas a contrapoderes, ni a la opinión pública, a la que se pretende distraer con propaganda en unos medios que no desean independientes, sino convertir en meros agradaores.
