LOS MOTIVOS: Haber rechazado ofertas de empleo o haber incumplido los requisitos fijados para el acceso o su mantenimiento son las principales fraudes
El Ministerio de Empleo ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios por haber rechazado ofertas de empleo o haber incumplido los requisitos fijados para el acceso o su mantenimiento, lo que le ha permitido reducir el gasto en paro en 915,1 millones de euros. De esta forma, el número de prestaciones retiradas ha sido un 14,8 % superior al registrado en el mismo período del 2012 y ha supuesto un ingreso para el Estado de 119 millones más que un año antes.
Este es solo uno de los efectos desplegados por el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado en abril del 2012, que pormenoriza la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una carta abierta dirigida ayer a los medios. Así, tomando todo el período de vigencia del plan, la lucha contra el cobro indebido de prestaciones por desempleo ha permitido ahorrar hasta 3.160,7 millones.
Además, se han llevado a cabo 334.214 inspecciones en materia de empleo irregular, con las que se han podido aflorar 130.512 empleos. En cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se han llevado a cabo 35.761 inspecciones en esta materia. Como consecuencia, se han anulado 64.379 altas ficticias, a partir de 3.523 infracciones. En los primeros seis meses del 2013 han aumentado un 30,5 % las infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso, detectadas por Empleo. Además, se han realizado en estos seis meses 14.842 inspecciones, un 46,8 % más, y se han detectado 1.964 infracciones (+146,3 %).
En la misma carta, la ministra de Empleo ha mostrado su intención de actuar «con la mayor contundencia» contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social y enfatiza que «todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicarlo». Para ello, recuerda que la página web del ministerio dispone de un buzón para que los ciudadanos puedan denunciar este tipo de conductas «fraudulentas e insolidarias» para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, en dicho buzón podrán presentar denuncias los trabajadores que sean objeto de fraude laboral y a la Seguridad Social, teniendo el servicio de inspección un deber absoluto de reserva de la identidad del denunciante. «Si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude […] será una tarea mucho más ardua», sentencia la ministra de Empleo.
Facilitar los ERE
El secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, denunció ayer que los empresarios van a tener «más fáciles» los despidos colectivos (ERE) con los nuevos ajustes introducidos por el Gobierno a la reforma laboral. Górriz considera que, con la excusa de hacer «ajustes menores», el Ejecutivo ha dado una «nueva y profunda vuelta de tuerca» a la reforma con las modificaciones aprobadas el pasado viernes.
