El testimonio de Cospedal fue «desafortunado», dice el entorno de su antecesor Javier Arenas

Los dirigentes que defienden una renovación más radical para frenar el deterioro de imagen creen que Cospedal no puede seguir como secretaria general.
Las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y Javier Arenas, exsecretario de la formación durante los años 1999-2003, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por elcaso Bárcenas, han agravado la fractura interna del PP. Según constataEL PAÍS, De Cospedal, y los exsecretarios generales Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, se han limitado a negar que existiera una contabilidad B en el partido y a declarar que el capítulo de donaciones no era asunto suyo, sino de los dos tesoreros que tuvo el partido entre 1990 y 2008. Este escándalo, el más grave que ha sufrido el PP en su historia, ha evidenciado el enfrentamiento de dos sectores. De un lado, los fieles a Cospedal; y por otro, la órbita de Javier Arenas, vicesecretario de Política Local y Autonómica y veterano hombre fuerte en el partido. Ambos se sienten apoyados por Mariano Rajoy, cuya continuidad al frente del partido nadie cuestiona de momento. El futuro del PP pasa por la decisión que adopte el presidente en las próximas semanas para salir del escándalo en el que están involucrados por elcaso Bárcenas. Muchos dirigentes esperan una renovación inminente, pero no hay acuerdo respecto al alcance que deben tener esos cambios.
El último episodio judicial del caso ha alentado aún más las tensiones internas. Cospedal declaró al juez que ella no participó en la decisión que adoptó su partido en abril de 2010, cuando ya eranúmerodosde la formación, de dar un trato privilegiado a Bárcenas, imputado por corrupción. Sus respuestas al juez apuntando a Rajoy y a Arenas como autores intelectuales de la protección especial dada a un corrupto ha desconcertado a muchos dirigentes y ha reavivado la fractura. «No tenía otra alternativa», señalan fuentes del entorno de la secretaria general. «Ella lo único que hizo ante el juez fue contar la verdad de lo ocurrido. Ha sido valiente». Lo hizo un día después de que Arenas contara a Ruz una reunión con Bárcenas en la que Cospedal no estuvo y donde se acordó la situación en la que quedaría el extesorero en Génova. Esta versión deja en mal lugar a Javier Arenas, quien supuestamente influyó decisivamente en Rajoy para que mantuviera a Bárcenas con el mayor sueldo del partido. Con esa estrategia, se pretendía evitar que el extesorero tuviera la tentación de revelar secretos financieros que podrían hacer un daño irreparable al partido.
Entre los dirigentes populares próximos a Arenas, la interpretación es distinta. «La declaración de Cospedal ha sido inesperada y muy desafortunada, por apuntar a Javier Arenas pero, sobre todo, al propio presidente. Y además, ha sido muy poco elegante desde el punto de vista político el intento de quitarse de en medio, lo que generará desconfianza y lío. Tendrá consecuencias, al menos en el clima interno del partido», razona un alto cargo de la formación. «¿Qué necesidad había de acusar a otros en el tema del finiquito si Cascos y Arenas no habían involucrado a nadie en su declaración ante el juez?», se pregunta el entorno del veterano hombre fuerte del partido. «El clima está ya muy enrarecido y lo volverá a estar. Habrá distanciamientos. Hay una parte del partido que está cansada, y esto le va a generar problemas internos». Los dirigentes que defienden una renovación más radical para frenar el deterioro de imagen creen que Cospedal no puede seguir como secretaria general: «Alguien que no defiende las decisiones de la dirección de la que forma parte no puede ejercer como jefa del partido», señalan.
Cargos que se consideran neutrales creen que el último episodio solo ha servido para sacar a la superficie el pulso que mantienen Arenas y Cospedal desde hace tres años. Estos cargos recuerdan que mientras la secretaria general trabajaba para expulsar a Bárcenas del partido, Arenas defendía que había que llevarse bien con él. «No creo que haya querido atacar al presidente», señala un alto cargo del Gobierno en alusión a la declaración de Cospedal. «Simplemente, se ve obligada a justificarse porque cuando ocurrieron los hechos ella era la jefa de Arenas como secretaria general y tiene que sacar a Rajoy como autoridad máxima para hilar un relato creíble de lo ocurrido. No se opuso en su día al finiquito de Bárcenas porque Arenas y el presidente estaban gestionando el caso. Y entendía que si lo aprobaba Rajoy, ella no tenía por qué intervenir».
EL MUNDOinforma que el extorero, Álvaro Lapuerta, impedido para declarar ante el juez, es considerado como único responsable de las donaciones por parte de Cospedal, Arenas y Cascos. Lapuerta ha declarado hasta ahora en la Fiscalía Anticorrupción el 7 de febrero y ante el juez el 22 de marzo, mucho antes de que se conociesen elementos muy relevantes para la causa. Lo negó todo: «Absolutamente nada. Es mentira. […] Yo no recuerdo ningún sobresueldo. De los fondos del partido no se ha sacado nunca nada de eso».
Sobre los donantes, afirmó que él les advertía de «que no podían tener ningún interés con el Estado» y que nunca lo hacían en efectivo. El mismo diario incide en que los forenses examinarán a Lapuerta dentro de tres semanas.
LA RAZÓNdestaca que el juez Pablo Ruz tiene que decidir si cita como testigos a Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Federico Trillo por la supuesta contabilidad B del PP. Además, varias acusaciones sopesan pedir al juez que acuerde la celebración de careos entre el extesorero y Cospedal, Cascos y Arenas para dilucidar las contradicciones entre sus declaraciones. Estos careos podrían hacerse extensivos a Lapuerta.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se preguntó ayer si Rajoy «tiene algo que decir» después de que la ‘número dos’ del PP, María Dolores de Cospedal, dijese al juez que fue el líder de su partido quien pactó la salida del ex tesorero. Valenciano insistió enFacebooken preguntar al presidente del Gobierno después de que Cospedal le «desmintiera» y declarara al juez que «fue Rajoy quien pactó con Bárcenas los términos de una relación que incluía el pago de sus abogados encargados de la defensa del extesorero, además de contrato laboral, despacho, coche, etc. Ahora ya no es palabra de Bárcenas contra palabra de Rajoy. Es palabra de Rajoy contra palabra de Cospedal». La dirigente socialista criticó que, desde que Bárcenas decidiera «tirar de la manta», los dirigentes del PP hayan intentado «vender» la idea de que «no era de recibo» que la oposición de credibilidad a sus acusaciones. Valenciano añadió:»¡Es la palabra del presidente contra la de un golfo delincuente!, decían. Y se hacían cruces. Pero mira tú por dónde, ha sido Cospedal la que ha desmentido a Rajoy».
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, adelantó ayer que su partido va a presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que las mentiras realizadas en sede parlamentaria sean consideradas un delito, al igual que lo son cuando se dicen ante un juez y destacó la necesidad de que esta iniciativa salga «adelante» en las Cortes, ya que está enfocada a condenar a aquellos cargos políticos que mientan sobre temas de seguridad, asuntos que tengan que ver con la contabilidad del Estado o que «encubran o nieguen» hechos delictivos. «Creo que esta medida tiene mucho sentido porque en la actualidad, el delito de falso testimonio, definido en el Código Penal, sólo es válido en sede judicial, pero no en sede política. La idea sería crear un nuevo delito de perjurio para quien mienta en sede parlamentaria.»
El PSC, por su parte, quiere que quienes ostenten un cargo público lo abandonen si existen sombras de corrupción sobre ellos, pero sólo si se llegase a abrir «juicio oral» contra ellos. Es decir, que quien haya sido imputado en alguna causa podrá seguir cobrando una nómina pública, siempre y cuando el juez no ponga fecha para el juicio en su contra, algo que puede prolongarse durante meses o años. La medida, revelada por el líder del PSC, Pere Navarro, debería aprobarse antes de fin de año en el nuevo código de buenas prácticas que podría afectar en un futuro a varios miembros del partido. El PSC, que espera que todos los partidos se sumen a su iniciativa, relaja la sanción que ellos mismos aplican desde las pasadas elecciones autonómicas y que obliga a dejar los cargos orgánicos en el partido, que no los sueldos públicos, cuando se produce la imputación.
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