El PRC urge al Gobierno de Cantabria a tomar medidas contra la economía sumergida

Eva Bartolomé presentará el lunes una resolución en el Pleno del Parlamento para atajar el crecimiento de este fenómeno. El fin es rebajar la presión fiscal y un aumento de la recaudación que permita fomentar la actividad.
La portavoz del PRC en materia económica, Eva Bartolomé, defenderá el próximo lunes en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley para instar al Gobierno de Cantabria a adoptar medidas para acabar con la economía sumergida en la Comunidad Autónoma, con el fin de facilitar la reducción de la presión fiscal y un aumento de la recaudación que permita fomentar la actividad.
Bartolomé reclamará una actuación “urgente” para atajar este fenómeno, “un mal endémico” en los países desarrollados que en la región ha adquirido dimensiones “muy preocupantes”, como constata un reciente informe de la Universidad de Cantabria, que sitúa su impacto en el 24 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Según ha explicado, este crecimiento está debido a la agudización de la crisis económica y el incremento de la presión fiscal, que han impulsado la economía sumergida en una doble vertiente: la de subsistencia y la que tiene voluntad de defraudar a la Hacienda pública.
La parlamentaria regionalista considera que el déficit y la caída de ingresos que sufre la Administración hace “más urgente si cabe” la necesidad de luchar contra este problema, para “contar con unos recursos cada vez más necesarios”.
En consecuencia, cree “inaplazable” el desarrollo de una estrategia que contribuya a reducir y evitar “una práctica de naturaleza tan injusta e insolidaria”.
Bartolomé asegura que si el Gobierno de Cantabria consigue reducir la economía sumergida en 6 puntos, hasta el 18,3% del PIB (la media en los 39 países más desarrollados) logrará una recaudación tributaria adicional cercana a los 800 millones de euros, lo cual le permitiría fomentar la actividad económica y reducir la presión fiscal que en este momento soportan los cántabros.
A su juicio y en una situación como la actual, resulta “inaplazable” abordar “medidas certeras que permitan invertir esa tendencia al alza”, dirigidas por un lado a incrementar la inspección, detección y sanción del fraude y, por otro, a “incidir directamente en los factores que favorecen el crecimiento de la economía sumergida, como son el paro y la presión fiscal”.