El PRC pide la introducción de cláusulas sociales y medidas de contratación pública responsable antes de seis meses

Los regionalistas destacan que el 49,45 de los parados santanderinos no reciben prestación, más de dos puntos por encima de la media regional
El Grupo municipal regionalista ha registrado esta mañana, coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la erradicación de la pobreza, una moción en la que insta al equipo de Gobierno a establecer un calendario para la introducción de cláusulas sociales y medidas de contratación pública responsable en el Ayuntamiento de Santander para que sean efectivas en un plazo no superior a seis meses.
En el texto, firmado por la edil Amparo Coterillo, se insta además al equipo de Gobierno a que, antes de tres meses, convoque una mesa técnica en la que se analicen las diferentes contrataciones y sectores de actividad del Consistorio, así como de los institutos y empresas en las que participa que sean susceptibles de incorporar cláusulas sociales.
Para Coterillo, en el actual contexto de crisis económica y restricciones presupuestarias, “es más necesario que nunca” que la Administración local utilice todos los recursos disponibles de la manera más efectiva y, en consecuencia, “logre un impacto social positivo de las inversiones y contrataciones públicas”.
En este punto, ha recordado que según los datos del Servicio Cántabro de Empleo, el 49,45 por ciento de los 15.896 parados santanderinos no reciben ningún tipo de prestación, una cifra más de dos puntos superior a la media regional. Una situación, en su opinión, lo “suficientemente urgente y extrema” como para exigir “optimizar todos los recursos del Ayuntamiento de Santander” para lograr favorecer tanto la creación de empleo como la inserción social. “La crisis económica no puede suponer una parálisis social y un retroceso en las políticas de innovación social, más bien todo lo contrario”, ha opinado al respecto.
Además, ha destacado que estas cláusulas “no suponen ningún coste añadido para la Administración local”, sino que, por el contrario, aportan beneficios tanto a los contratados como a las distintas administraciones públicas, las empresas de inserción social, tercer sector en general y el conjunto de la sociedad. En este sentido, ha destacado que la Universidad de Barcelona y la Fundación Olof Palme cuantificaron los beneficios económicos de las cláusulas sociales para la Administración en 15.508 euros por trabajador y año.
Por todas estas razones, Coterillo espera que el equipo de Gobierno “muestre la sensibilidad suficiente” en el próximo Pleno municipal, que se celebrará a finales de mes, para sumarse a esta iniciativa.