El PRC pide explicaciones al Gobierno sobre la legalidad del céntimo sanitario y asegura que es “el momento de eliminarlo”

Tras conocer el informe del letrado europeo, el vicesecretario general de los regionalistas de la Sierra advierte que los perjuicios del gravamen “pueden ser aún mayores” si la justicia europea exige la devolución
El PRC pedirá explicaciones al Gobierno de Cantabria sobre la legalidad del céntimo sanitario después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Nils Whal, haya dictaminado que vulnera la legislación comunitaria y advertido que España podría tener que devolver 13.000 millones de euros.
Tras conocer el informe del letrado europeo, el vicesecretario general y portavoz parlamentario de los regionalistas, Rafael de la Sierra, ha vuelto a exigir la supresión íntegra de este gravamen, ya que “sería un récord de estupidez que el Gobierno acabe obligado a devolver lo recaudado, después de haber provocado con su implantación el desvío del consumo hacia el País Vasco, el cierre de gasolineras cántabras y la pérdida de 260 puestos de trabajo”.
“Ya no valen las medias tintas anunciadas por el presidente para 2014, hace falta que rectifique íntegramente su error y acabe con un recargo que nunca debió aplicarse”, ha recalcado.
De la Sierra ha recordado que el PRC ya avisó de la posible ilegalidad del gravamen cuando el Gobierno de Ignacio Diego decidió aplicarlo en Cantabria, una posibilidad que “se convierte en certeza” a la vista de las conclusiones del informe del abogado general del tribunal europeo, en las que manifiesta que “es contrario a la directiva de los impuestos especiales”.
A su juicio, la implantación del céntimo sanitario ha sido “uno de los mayores errores” del Ejecutivo cántabro y sus consecuencias, “perversas” no sólo para el sector directamente afectado, que ha visto reducida su facturación en 20 millones de euros y asistido al cierre de estaciones de servicio y la pérdida de empleo, sino también para las propias arcas regionales, ya que “lo que ha recaudado por un lado lo ha dejado de recaudar con creces por otro”.
Considera por ello que el Gobierno “está obligado a rectificar y dar explicaciones públicas de su error, diciendo la verdad y reconociendo el desastre que ha ocasionado con un recargo injusto y que ha costado millones de euros a los cántabros sin conseguir nada a cambio”.