El PP hará desaparecer en Cantabria el centimo sanitario el año que viene

Ha sido este lunes uno de los objetos de debate en el Parlamento regional, en el que PRC y PSOE han criticado el «empecinamiento» del Gobierno regional en mantener este impuesto a pesar de la sentencia europea
El PP ha afirmado que el impuesto autonómico sobre los hidrocarburos, conocido como ‘céntimo sanitario’, desaparecerá el próximo año «si las circunstancias lo permiten» y ha asegurado que Cantabria «en ningún caso» se verá «directamente afectada o perjudicada» por reclamaciones de devolución de lo recaudado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que mantiene que este gravamen aplicado por algunas comunidades vulnera legislación comunitaria.
El Gobierno de Cantabria (PP) ya aseguró también cuando conoció hace un mes la sentencia que ésta no afectaba a Cantabria ya que el fallo exigía a las comunidades devolver lo recaudado entre los años 2002 y 2011 y Cantabria implantó el ‘centimo sanitario’ el 1 de junio de 2012.
El ‘céntimo sanitario’ ha sido este lunes uno de los objetos de debate en el Parlamento regional, en el que PRC y PSOE han criticado el «empecinamiento» del Gobierno regional en mantener este impuesto a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y se han quejado de que no dé «su brazo a torcer».
En contraposición a lo que asegura el Gobierno regional, el diputado del PRC Rafael de la Sierra ha insistido en que la sentencia «por supuesto que afecta a Cantabria» y tendrá que devolver lo recaudado desde la implantación de este impuesto en la comunidad autónoma.
Por ello, ha reclamado en una proposición no de ley, que ha sido desechada por el Pleno, la derogación «inmediatamente» del impuesto; el inicio de un proceso de devolución «sencillo» y que Cantabria exija al Gobierno central que «compense» lo que la comunidad tenga que devolver porque el «diseño» del ‘céntimo sanitario’ es «estatal».
Al margen de la sentencia, De la Sierra y la diputada socialista Dolores Gorostiaga han asegurado que aplicar este impuesto en Cantabria no ha tenido los efectos que el Gobierno esperaba y ha sido una «chapuza que no ha servido para nada» y un «error».
De hecho, han considerado que se ha tratado de un «negocio ruinoso» para la región que, a su juicio, ha hecho caer las ventas de gasolina en Cantabria en favor de otras comunidades, como el País Vasco, que no lo aplican, y que ha supuesto pérdida de puestos de trabajo y no ha beneficiado al sector.
Esta opinión no ha coincidido con la expresada por el diputado del PP Luis Carlos Albalá, quien ha asegurado que el impuesto ha sido «útil» y «eficiente» en los fines que perseguía, que, según ha dicho, era obtener recursos para la viabilidad de Cantabria tras la «quiebra» en la que la dejo –ha afirmado– PRC y PSOE en sus 8 años de Gobierno.
Albalá, que ha achacado la implantación del ‘céntimo sanitario’ a la situación en que dejó a su juicio el bipartito PRC-PSOE a la comunidad, ha recordado que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ya anunció que este impuesto no nacía con vocación de «permanencia» y que desaparecería «si las circunstancias lo permiten» el «próximo ejercicio».
En el orden del día, estaba incluida una proposición no de ley del grupo socialista para reclamar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Reforma Local que ha sido retirada porque ha llegado al Pleno con retraso, el mismo día en que expiraba el plazo para presentar este recurso.
Estaba previsto que esta iniciativa se debatiera el pasado lunes en el Pleno, pero la sesión prevista para ese día fue suspendida por el fallecimiento del expresidente de España Adolfo Suárez.
A pesar de que el PSOE ha retirado la votación de la iniciativa, sí ha habido debate sobre la Reforma Local, en la que PSOE y PRC han considerado que el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, algo que no ha hecho Cantabria pero sí otras comunidades, estaría «justificado».
Según el diputado socialista Francisco Fernández Mañanes, la Reforma Local «no ha gustado a casi nadie y ha irritado a casi todos», incluidos algunos dirigentes del PP, y supone un «claro menosprecio» a los municipios. En ella, en su opinión, se considera a los entes locales «instituciones de Tercera División» en lo que supone una «falta de sensibibilidad» y «respeto».
Fernández Mañanes ha defendido que las instituciones locales son «entes políticos», algo que, en su opinión, no considera el PP, que deben tener «herramientas» para desarrollarse y no sólo instrumentos para cumplir las competencias impuestas por otras administraciones.
Ha advertido que esta reforma «no racionaliza» sino que «degrada la democracia local» y es la «antesala de una gigantesca privatización» de servicios locales.
Por su parte, el portavoz del grupo regionalista Rafael de la Sierra ha considerado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad en la Administración Local –como así se denomina formalmente la Reforma Local– es «equivocada», «perjudicial» para los ayuntamientos y que «altera» el orden de prioridades.
Según el regionalista, es una «reforma tecnócrata», sometida a los «criterios de sostenibilidad financiera» en los que el PP –dice– sustenta los «recortes».
A pesar de que la iniciativa no se ha votado, De la Sierra ha señalado que «no cree» que el recurso de Cantabria se presentara.
Por su parte, el diputado del PP Julio Bartolomé ha asegurado que la proposición planteada por los socialistas se basa en «consignas», «frases hechas» y «hueca» de argumentos jurídicos.
El parlamentario ‘popular’ ha mantenido que en la Reforma Local «nada se dice» de las vulneraciones que denuncian socialistas y regionalistas.