Gema Igual tiene un problema encima de la mesa que va a ser difícil de esquivar. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE), esa imposición que el PP ha metido con calzador en el centro de Santander, está empezando a pasar factura. Las cifras no mienten: ya van más de mil vecinos multados. Mil personas que, en la mayoría de los casos, solo intentaban ir a trabajar, hacer recados o mover su coche por una ciudad que, para colmo, tiene un aire limpísimo. Porque esa es la clave: implantar restricciones severas donde no hay contaminación es complicarle la vida a la gente sin ningún criterio técnico.
En medio de este panorama, la postura de los partidos tradicionales ha dejado bastante que desear, moviéndose entre el seguidismo a los mantras climáticos y el silencio incómodo. Por eso no es de extrañar que VOX, con Laura Velasco al frente, se haya quedado completamente sola como la única oposición real a este sinsentido. Mientras unos firman decretos y otros miran para otro lado, la formación ha decidido plantar cara tanto en la calle como en los despachos.
Y el termómetro de la calle se tomó este sábado. La caravana de protesta que recorrió el centro de Santander fue un reflejo fiel del hartazgo vecinal. No fueron cuatro coches haciendo ruido; fue una marcha respaldada, aplaudida por los peatones y a la que se sumaron espontáneamente muchos conductores cansados de que les prohíban circular por sus propias calles. Al PP deberían entrarle los sudores fríos al ver el creciente descontento que generan sus políticas restrictivas entre los santanderinos.
Pero más allá del revuelo de las bocinas, el verdadero peligro para el equipo de gobierno está en la Justicia. El recurso de VOX contra la ordenanza ya ha sido admitido a trámite. Esto no es un detalle menor. En ciudades como Málaga los tribunales ya han tumbado estos planes basándose en argumentos muy parecidos: la falta de informes económicos serios y la arbitrariedad de las medidas.Si la justicia sigue el mismo camino en Santander, a Gema Igual se le va a caer el chiringuito de la ZBE. Una resolución en contra de los tribunales supondría un mazazo electoral definitivo para el Partido Popular, además de un lío de gestión monumental para tener que devolver el dinero de esas mil multas injustas. Al final, el empeño por aplicar normas a espaldas de la realidad de la ciudad puede acabar costándole muy caro al Ayuntamiento.
