En una interlocutoria de 227 páginas, el magistrado sostiene que Urdangarin «difícilmente» pudo haber defraudado a Hacienda sin la connivencia de su mujer, a quien acusa de mirar «para otro lado» pese a conocer los delitos
GrupoDiariocrítico/EP07/01/2014
En el nuevo auto deimputación, eljuez Castrove «un deberinexcusable» y un «actoobligado» imputar a la hija del Rey, lainfanta Cristinapor «indicios fundados de culpabilidad». Cristina de Borbón citada a declarar en elcaso Urdangarinpor supuestoblanqueo de capitales y fraude fiscal, se ve de nuevo ante la posibilidad de sentarse en el banquillo del caso que compromete a su marido, al exsocio de este y al secretario personal de las hijas del Rey. En una interlocutoria de 227 páginas, el magistrado extiende un largo argumentario en el que da todo lujo de detalles de los motivos por los que ha tomado de nuevo la decisión de imputar.
Castroseñala que Iñaki Urdangarin «difícilmente» pudo haber defraudado a Hacienda «sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia» de su mujer «por mucho que de cara a terceros» mantuviera «una actitud propia de quien mira para otro lado». Una forma de actuar que el magistrado considera irregular «por omisión», recalcando que no podría entenderse que la duquesa de Palma no estuviera «alertada» del proceder de su marido, tanto por su «sólida formación» como por una intervención parlamentaria, en referencia a la efectuada a principios de 2006 por el diputado socialista Antoni Diéguez, en la que «se suscitaron dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas».
Tanto es así que, en los fundamentos jurídicos del auto, el juez se pregunta por qué la Infanta no utilizó su «paritario potencial participativo» en la sociedad Aizoon -de la que es copropietaria junto a su esposo y a través de la cual se habría defraudado al fisco- para rectificar las liquidaciones supuestamente defraudatorias de esta empresa.
Entre los datos que aporta el juez, dice que la contabilidad de Aizoon no se ajustaba a la realidad y se lucraba del dinero que el marido de doña Cristina, Iñaki Urdangarin, ingresaba procedente del Instituto Nóos. Además, el juez señala que «no se puede permitir» un fraude como el que habrían cometido con los desvíos de fondos del la entidad sin ánimo de lucro porque iban destinados a gastos personales.
Para el magistrado, estos gastos personales suponen un doble fraude: el impago del IRFP, como demostrarían las informaciones remitidas por Hacienda, y la rebajar impuesto de sociedades del que se habrían beneficiado.
Ve «inadmisible» que se exija un especial cuidado para imputar a la Infanta
Castro niega firmemente en el auto en el que vuelve a imputar en el «caso Nóos» a la infanta Cristina «cualquier atisbo de arbitrariedad» en su decisión y considera «inadmisible» que las citaciones de personajes públicos, «especialmente aquellos vinculados a Instituciones del Estado» se «pretendan adornar de un especial cuidado en el momento de valorar la solidez de los posibles indicios que hipotéticamente habrían de conducir a su convocatoria».En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 señala que, de ser así, «estaríamos bendiciendo la institucionalización de imputaciones especialmente cuidadosas frente a otras que no lo son, simplemente por la diferente repercusión social de la imputación».
Por el contrario, considera el juez que son los personajes públicos «quienes están llamados a observar ese especial cuidado para no situarse en órbitas que pudieran resultar cuando menos comprometedoras».
Vistos los diferentes escritos de las partes, ninguno de los cuales salvo Manos Limpias defendían la imputación, el juez defiende lo extenso del auto de imputación porque se le obliga a «una razonada respuesta» a cada uno de ellos. De haberla denegado debería también explicitar las razones de la citada desestimación, añade.
El grueso de los gastos en la casa de Pedralbes corrieron a cargo de Aizoon
Castro, deduce de los diferentes informes aportados por Hacienda que entre 2008 y 2011, y dejando a un lado las amortizaciones de sus créditos hipotecarios, la Infanta Cristina únicamente realizó compras por importe superior a 3.005,06 euros con cargo a su propio peculio, las dos en un comercio de ropa de vestir y sin ninguna relación con la decoración del Palacio de Pedralbes.
La mayoría de los gastos invertidos en el hogar matrimonial corrieron a cargo de Aizoon. Este dato es uno de los contemplados por el juez para justificar la necesidad de citar a declarar a la Infanta el próximo 8 de marzo en calidad de imputada, con el objetivo de preguntarle sobre su conocimiento de las actividades de la sociedad Aizoon, que compartía con su marido en un 50 por ciento y que se nutrió de hasta un millón de euros de fondos provinientes del Instituto Nóos.
Al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma le choca que, además, ninguna de estas dos compras guardara la menor conexión con las labores de rehabilitación, equipamiento y decoración de la vivienda que Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín adquirieron en Pedralbes y que, «en buena lógica, deberían en su cuantía ser congruentes con el elevado precio de compra».
Al margen de las operaciones que con cargo a su propio dinero realizara en el denominado «Palacio de Pedralbes» el esposo de la Infanta, Iñaki Urdangarín, el juez cree posible que el matrimonio realizara gastos en la casa por menos de 3.000 euros que quedaran, por ello no registrados. No obstante, destaca que «lo cierto es que la mayor parte de las operación corrieron a cargo de la entidad mercantil Aizzon S.L».
Castro explica en su resolución que los ingresos de Cristina de Borbón son sus rendimientos de trabajo en La Caixa y otros en atención a la retribución percibida por su intervención en actos institucionales. A ellos se suman los rendimientos del capital mobiliario en concepto de reparto de dividendos. Reconoce el juez que respecto de los dos primeros «nada induce a a pensar que haya existido irregularidad ninguna en su declaración anual en el IRPF».
Sin embargo, considera «claro» que Cristina de Borbón nunca ha declarado fiscalmente dividendo alguno procedente de su participación del 50 por ciento en Nóos, lo que parece congruente porque Aizoon nunca repartió dividendos a sus partícipes. Si se tiene en cuenta la sobrecarga de gastos personales del matrimonio Urdangarín «ni por asomo guardaban una mínima conexión la actividad profesional de Aizoon», según el juez que afirma también que, de haberse repartido los beneficios, «ello habría incrementado ostensiblemente» las bases imponibles de la declaración de la renta de ambos.
«Lo que no es permisible a la entidad mercantil Aizoon S.L», según el juez, «es llevar a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos para atender gastos estrictamente personales de cualquiera de los cónyuges o de ambos y que tienen como nota común que su génesis no guarda absolutamente ninguna relación con las actividades mercantiles» de dicha sociedad.
LA NOTICIA QUE SE ESPERABA
El Juez José Castro ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo y la ha citado a declarar el 8 de marzo, según un auto dictado este mismo martes.
Tras una prolija investigación sobre la participación de la hija menor delReyen la actividad de Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo y a través de la que presuntamente se desviaron fondos captados de manera fraudulenta de instituciones públicas,Castropidió el pasado 9 de diciembre a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma y este martes ha decidido a favor de la imputación.Solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se posicionó favorable a que Castro llamara a declarar a doña Cristina, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales deIñaki Urdangarin, Diego Torresy la propia infanta se han manifestado contrarias a la imputación.Será la segunda ocasión en la que Castro impute a la duquesa de Palma tras haberlo hecho el 3 de abril del año pasado. Entonces, la citación quedó en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso y la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo.En ese mismo auto, la Audiencia Provincial apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su marido.La Fiscalía Anticorrupción ha subrayado en un detallado escrito previo cuyos argumentos volvió a reiterar después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija del Rey solo hay «conjeturas o sospechas». El fiscal encargado del caso,Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido «indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación».Además, Horrach reprochó a Castro que hubiese ordenado diligencias «irrelevantes desde el punto de vista penal» cuya práctica solo ha servido para ocasionar «una dilación no conveniente del procedimiento».
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