Según López, el juez encargado «valora ya» la posibilidad de que se den «hechos delictivos » sobre este asunto, «caso de la falsedad de documentomercantil y documento público» o el «enriquecimiento ilícito».
Todos los viernes a las siete de la tarde en Onda Cantabria se emite la tertulia «Los Coyotes». En este programa se dan cita diversos tertulianos en torno a los principales. En la tarde del viernes pasado participaron Enrique Alonso, editor de Cantabria24horas.com, Rafael Sebrango, presidente de La Unión, Felix Villalba, director de El Mundo Cantabria y Miguel Ángel López, economista y director de la consultora Bakugestión.
El Mundo Cantabria ha publicado un resumen de la intervención de Miguel Ángel López y cantabria24horas.com reproduce la información de El Mundo y adjunta la grabación de esta parte del programa.
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El testigo Miguel Ángel López asegura que el Juzgado aprecia ya indiciosMiguel Ángel López, quien fuera técnico de Sodercan encargado delmegaproyecto de GFB, declaró la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que ha abierto diligencias sobre la fallida factoría de Orejo. Según López, el juez encargado «valora ya» la posibilidad de que se den «hechos delictivos » sobre este asunto, «caso de la falsedad de documento mercantil y documento público» o el «enriquecimiento ilícito». López asegura que el juez conoce al dedillo la documentación.
Avanzan las diligencias del Juzgado número 1 de Instrucción de Santander sobre GFB, la fallida fábrica de «fibroyeso de Orejo» participada por Euroamérica y Sodercan.La pasada semana, compareció como testigo Miguel Angel López, uno de los técnicos de la empresa pública que vivió de cerca el proceso, que fue encargado del proyecto . Su impresión tras declarar es clara: el juez, Jaime Parra Español, además de haber estudiado en profundidad la documentación de que dispone, «valora ya» la posibilidad de que se den «hechos delictivos», caso del «enriquecimiento ilícito» o «falsedad de documentomercantil y público».
En cualquier caso, este sería un paso a decidir cuando escuche a los testigos.El primero de los presuntos delitos, explica López, redirecciona a las plusvalías generadas por la venta de, maquinaria del grupo costarricense.
El segundo, a las investigaciones de la Policía Judicial que apuntan «dudas » en las escrituras de constitución de la sociedad, de GFB, empresa en la que «todavía no sabemos cuánto» dinero público se aportó (se han barajado ya cantidades por encima de los 60 millones de euros). López considera que, a la luz de los acontecimientos, «habrá imputados», y quizá, añade, no se queden «en los costarricenses », sino que señalen a algúnmiembro del anterior Gobierno PRC-PSOE.
En su declaración ante el juez la pasada semana, la compra y venta de la maquinaria fue uno de los asuntos con más enjundia. Según explica López, el juez apuntaría auna plusvalía de 18 millones de euros.
Más allá de las diferencias en el tipo de cambio (dólares/euros), de que en el año 2000 el grupo costarricense gastara 32millones de euros en la maquinaria, y de que la vendiera a GFB, en 2004, por 44, el juez estimaría, además, una depreciación del valor del aparataje, que rondaría los seis millones de euros. «Lo que tiene claro el juez es que las máquinas tenían que haber valido menos».
El juez, añade Miguel Ángel López, también se ha detenido en el hecho de que «nadie» de la administración cántabra comprobara de forma efectiva el estado de las máquinas, o el coste que implicaría adaptar los aparatos a la diferencia de tensión eléctrica, «entre 6 y 8 millones», según informes externos, asegura López, que recuerda además el cambio de protocolo inicial que sufrió el proyecto, sin consulta a los técnicos, durante la firma oficial en Costa Rica.
López también apunta a las «dudas » que rodearían la escritura de constitución de la sociedad, en base a la información aportada por la Policía Judicial. «El juez tiene claro que no es como consta», asegura.Hay otro asunto que el también economista considera capital y en el que el juez ha puesto su «atención»: los tiempos del procedimiento que siguieron Sodercan y el Gobierno, que «se hicieron al revés». Se explica: en el momento de la aportación del capital social, «primero, Sodercan puso el dinero. Y después, su Consejo aprobó el pago, a sabiendas de que contravenía los estautos» de la empresa pública: necesitaba el visto bueno del Consejo de Gobierno, porque la cantidad que aportaba la empresa pública al proyecto era superior al 15% de sus recursos propios.
El ok del Consejo de Gobierno, que presidía por aquel entonces el regionalista Miguel Ángel Revilla, fue el tercer paso que se dio. «Todo al revés», remarca.También se iría «constatando» que «se contrató a 77 personas para cobrar una subvención de incentivos regionales» de la administración central, sin que hubiera actividad en la empresa ni similar. Del mismo modo, «otra circunstancia llamativa» para el juzgado, dice, es que una sociedad sin actividad, con la maquinaria esperando en el puerto, pagara altos sueldos, «de más de 100.000 euros» a su director general, «a un director de planta, cuando no la había…».«Todo esto», añade, «se ve desde el prisma de alguien que es ajeno» al asunto, como es un juez. López volverá esta semana al juzgadopara entregar documentación, la misma que aportó en la comisión de investigación del Parlamento.Al parecer, la Cámara sólo aportó las conclusiones, algo que no entiende y critica.
EDITORIAL DE EL MUNDO CANTABRIALA INSTRUCCIÓN judicial en el caso de GFB acaba de comenzar, pero todo apunta a que concluirá en la apertura de un juicio. EL MUNDO CANTABRIA publica hoy declaraciones de uno de los primeros testigos que ha acudido a responder ante el juez. Miguel Ángel López, antiguo técnico de Sodercan, no ha dicho en el juzgado nada que no se conociera, ya que declaró en la comisión de investigación del Parlamento de Cantabria y es sabido que hizo un informe contrario a la inversión del Gobierno en GFB, porque era un proyecto inviable, como el tiempo ha demostrado.Lo que más interesa de lo que explica López en estas páginas es la impresión que ha sacado de la actuación del juez. Y, siempre según la versión del testigo, el instructor parece ya tener claro que hay indicios suficientes de delito. Tiene el caso muy estudiado, porque ha podido ver todos los vídeos de la comisión parlamentaria y parece que ya tiene algunas conclusiones previas, en las que incluso va más allá que los parlamentarios. Por ejemplo, considera que el sobrecoste de la maquinaria es de 18 millones de euros, frente a los 12 apuntados en el Parlamento.En cualquier caso, aún es pronto y hay que dejar trabajar al juez. No obstante, lo que parece evidente, una vez conocido el proceso con detalle en la Comisión de Investigación del Parlamento, es que el uso del dinero público en el fiasco de inversión industrial no fue el adecuado.En GFB, como poco, hubo despilfarro, aparte de que está demostrada la negligencia. Pero se intuye que hubo personas que se beneficiaron de esa sangría de dinero público.Si eso es apreciable por un ciudadano medianamente informado, es lógico que el juez, después de documentarse, esté ya sospechando de la comisión de delitos.La Fiscalía vio también esos indicios de delito. Lo ideal es que se aclarara, mediante un proceso, qué delitos se han cometido y, sobre todo, quiénes son los que tienen responsabilidades penales en el caso.Quizá ahí es donde nos podamos llevar las mayores sorpresas.
