Según fuentes judiciales de Palma citadas por EL PAÍS, el juez Castro mantiene sus sospechas sin disipar tras la declaración de la Infanta el sábado.
El juez que instruye el sumario delcaso Noos, José Castro, sopesa sobreseer la imputación de la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de dinero. El fiscal Pedro Horrach y los abogados de Doña Cristina, Miquel Roca y Jesús María Silva, confían en que, tras la declaración judicial de la Infanta y la de los técnicos de la Agencia Tributaria y la inspectora jefe de la Policía encargada de la investigación, el magistrado acabe archivando el caso. El juez Castro debe decidir si libra de toda sospecha penal a la hija del Rey, por ausencia de carga penal o indicios sólidos o, por el contrario, determina que se ha de sentar en el banquillo de los acusados en el futuro juicio, que podría tardar un año en comenzar.
Según fuentes judiciales de Palma citadas porEL PAÍS, el juez Castro mantiene sus sospechas sin disipar tras la declaración de la Infanta el sábado. Las acusaciones populares ejercidas por el sindicato Manos Limpias y el Frente Cívico definieron como inconcretas y evasivas las palabras de la hija del Rey. Por el contrario, el fiscal y la defensa de la Infanta creen que su testimonio ha servido para demostrar que no cometió delito y que desconocía el origen ilícito de los fondos ingresados en Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo, Iñaki Urdangarin, y a la que cargó gastos particulares pagados con sus tarjetas de crédito.
Según informaEL MUNDO, la Infanta declaró al juez Castro que su marido le dio una tarjeta de crédito para sus gastos, pero que hasta hace poco no sabía que se cargaba a una cuenta de Aizoon, ni que tampoco la sociedad que compartían pagó parte de las reformas del palacete de Pedralbes en que tenían el domicilio familiar. Este diario insiste en que Doña Cristina respondió a las preguntas con evasivas y contradicciones para tratar de desvincularse de la gestión de Aizoon, pese a que el juez le mostró actas con su firma. Aseguró que «sabía lo que hacía Iñaki [Urdangarin]», pero «no a que se dedicaba Nóos», la fundación sin ánimo de lucro con la que su marido y su socio, Diego Torres, llegaron a facturar un total de 5,9 millones de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.
Por el contario,ABCasegura que la declaración de la Infanta y la realizada el pasado 25 de enero por los técnicos de Hacienda y la inspectora de la Policía encargada de la investigación «dejan a Castro sin argumentos» para mantener la imputación de la hija del Rey. Según este diario, el magistrado sopesa sobreseer la imputación de Doña Cristina porque sabe que si él no lo hace será la Audiencia de Palma la que la exculpe.
LA RAZÓNdestaca en sus titulares de portada que «el juez no decidirá sobre la Infanta hasta abril cuando cierre el caso», e incluye una encuesta que concluye que más de la mitad de los españoles (51% frente a 31,8%) cree que Doña Cristina será declarada inocente.
Doña Cristina regresó ayer a Ginebra (Suiza), donde vive con su marido y sus cuatro hijos, después de pasar la noche del sábado en el palacio de La Zarzuela. Tras declarar ante el juez en Palma, la Infanta voló a Madrid para cenar con sus padres e informarles de los detalles de su paso por los juzgados. SegúnEL PAÍS, acudió a Zarzuela para «rendir cuentas al Rey» y aliviar la «tensión» en la familia real, después de aceptar afrontar su imputación sin más recursos judiciales para tratar de frenar el daño infligido en la opinión pública de la Corona. Los diarios consideran que el encuentro del sábado supone un punto de inflexión en la relación entre la Infanta y su familia desde que estalló el escándalo delcaso Nóos. SegúnEL MUNDO, sigue teniendo el apoyo incondicional de su madre, Doña Sofía, pero echa en falta el de su padre, Don Juan Carlos, y el de su hermano, el Príncipe Felipe, por los que siempre ha sentido «adoración» y que ahora, señalan desde su entorno, están «más preocupados por la institución que por la familia». Por su parte,ABCdice que la cena familiar del sábado «estuvo aliñada con la sensación de alivio y de satisfacción que invadía a la Infanta». En la misma línea,LA VANGUARDIAasegura que en La Zarzuela se vivía ayer «cierto optimismo y una determinación de pasar página y relanzar la imagen de la Corona».
Por otra parte, el juez Castro ordenó ayer a la Policía que investigue el origen de la fotografía en la que aparece la Infanta declarando, difundida por el diarioEL MUNDOa pesar de que el magistrado había dictado un auto prohibiendo la entrada en la sala de móviles, ordenadores u otros aparatos electrónicos, que debían ser depositados en el arco de seguridad de la entrada de los juzgados para evitar la grabación de imágenes.
La Zarzuela confía en retomar la tranquilidad y poder centrarse en la agenda institucional sin tener que atender a las continuas informaciones sobre elcaso Noosque el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, calificó de «martirio». Superado el trance de la declaración judicial de su hija y bastante recuperado de su operación de cadera del pasado noviembre, el Rey retoma mañana su agenda internacional con una visita a Lisboa, después de más de seis meses sin viajar al extranjero. Don Juan Carlos cenará con el presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, y el italiano, Giorgio Napolitano. Y el miércoles pronunciará un discurso para clausurar el IX encuentro Cotec Europa, que pone en contacto a emprendedores y políticos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no prevé hacer más cambios legislativos que afecten a la Corona en los dos años que quedan de legislatura. Según informaLA RAZÓN, el Ejecutivo considera suficientes las novedades que se derivan de la Ley de Transparencia y tendría que darse una situación excepcional, que en estos momentos no prevén en Moncloa, para que este criterio fuera modificado. Rajoy entiende que la estabilidad de la Monarquía está garantizada con independencia delcaso Urdangariny por encima de la salud del Rey. Sobre este último asunto, la información que maneja el Gobierno es que Don Juan Carlos se encuentra en condiciones de «cumplir con sus obligaciones en la Jefatura del Estado».
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