EN LA IMAGEN (a la derecha) aparece con el consejero de Industria, Juan José Sota, que heredó a Blanco de la etapa del polémico y condenado Javier del Olmo.
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Según se ha conocido esta mañana, el «cerebro» de Sodercan en operaciones muy polémicas, Salvador Blanco, ha sido imputado por el caso GFB.
Una decisión que no ha sorprendido ya que Blanco fue el gran muñidor de numerosas actuaciones en esta empresa público, siendo uno de los promotores de la participación del Gobierno en el caso de la fallida GFB, uno de los grandes escándalos que arrastra el Gobierno anterior.
Sorprendía, hasta la fecha, que Salvador Blanco no estuviera entre los imputados. Ahora, el Juzgado competente ha incluido su nombre entre los que tomaron decisiones para llevar a Cantabria a un proyecto industrial fracasado y en el que se perdieron no menos de 40 millones de euros.
Auto del Juzgado de Instrucción nº1El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Santander no aprecia indicios de malversación ni delito societario en la gestión de la empresa de fibroyeso GFB, participada por capital público.Sin embargo, sí considera que ha podido cometerse un delito de fraude de subvenciones por la contratación de 45 trabajadores sin formación específica “dirigida exclusivamente a cumplir las condiciones de la subvención”.Por ello, el magistrado ha acordado la citación en calidad de imputados de quienes asistieron a la reunión del Consejo de Administración de GFB en la que se acordó la contratación de los citados trabajadores: Max Fischel Mora, Sebastián Tena Pujol, Carlos Álvarez Novoa, Leandro Sainz de la Riva, Mario Esquivel Pacheco, Salvador Blanco y Carlos Peña Boada.A su vez, mantiene la imputación contra los exconsejeros Ángel Agudo y Miguel Ángel Pesquera, y contra el exdirector de Sodercán, Francisco Royano, por ese mismo delito –ellos ya declararon como imputados ante el juez-, ya que también formaron parte del Consejo en el que se acordó esa contratación.Además, archiva la causa contra el exconsejero delegado de Sodercán, José Villaescusa Carranza, al no apreciar delitos de malversación ni delito societario.ACTAS QUE CONFIRMAN LAS CONTRATACIONESSobre el posible delito de subvenciones, señala el juez que existen indicios del mismo, como son las actas de GFB en las que “expresamente se señala que hay que proceder a la contratación de 45 trabajadores más para cumplir las condiciones de la subvención”.Añade, además, que entre las manifestaciones recogidas por la Policía durante la investigación se encuentran las de trabajadores que afirmaban no tener “ningún trabajo” y que “se dedicaban a perder el tiempo jugando a las cartas o al fútbol”.En el mismo sentido, los administradores concursales manifestaron durante la instrucción que los primeros 32 trabajadores contratados contaban con una formación específica, pero que los 45 restantes “son exclusivamente dirigidos a cumplir las condiciones de la subvención, pues ni había empresa en ese momento, ni había trabajo alguno que hacer”.Por todo ello, el magistrado acuerda escuchar a quienes aprobaron esas contrataciones en el Consejo de Administración, que acudirán al Juzgado en calidad de imputados.HECHOS ACREDITADOSEn relación a los hechos que ya se han investigado, señala el juez que “no habiendo incluido el legislador en el catálogo de delitos la deficiente gestión de los caudales públicos, el desinterés en su custodia o el derroche de los mismos”, los hechos que sí han quedado acreditados durante la instrucción “carecen de relevancia penal”.En este sentido, relata el auto una serie de hechos que “supusieron para las arcas públicas de Cantabria una pérdida muy importante de patrimonio”. Así, explica cómo la maquinaria fue adquirida por EA Euroamérica –empresa que junto con Sodercán formaba GFB- por unos 32 millones de euros en 2000 y cuatro años después se pacta una compra por parte de GFB por valor de 44 millones “desconociéndose el motivo de esa plusvalía”.En el auto, el juez relata cómo la maquinaria “presentaba deficiencias”: no estaba completa, no estaba adaptada a la normativa europea, llevaba cuatro años en almacenes de Alemania soportando bajas temperaturas que oxidaron rodamientos, no estaba preparada para la tensión eléctrica europea, la garantía estaba caducada y su precio no incluía el transporte. Según las pruebas practicadas, todas estas deficiencias supusieron a GFB un gasto adicional de entre ocho y doce millones de euros.En relación a las placas de fibroyeso fabricadas por otra entidad –relacionada con EA Euroamérica- que GFB compró por 3,1 millones de euros para comenzar la comercialización de productos, explica la resolución judicial que no cumplían las exigencias europeas y que ni entonces ni después hubo comprador de las mismas. Se terminaron vendiendo a precio de saldo durante la fase de liquidación del concurso de acreedores.“En el consejo de GFB no hubo ninguna oposición a dicha operación que, nuevamente, suponía un enriquecimiento para el socio costarricense y de demuestra una vez más el más absoluto desinterés en el control de los caudales públicos”, añade.Además, considera el juez que la operación fue “absolutamente sobredimensionada, tanto en cuanto a su producción, como en cuanto a los puestos de trabajo que se iban a crear”; y pone de manifiesto que “se crearon empresas específicamente para la realización de determinados trabajos, como el transporte de la mercancía, cuya facturación a GFB superó el 1,2 millones de euros, y siempre estaban integradas por personas cercanas a los costarricenses”.GASTOS REPROCHABLESPor último, en el capítulo de gastos, señala que pese a que no llegó a fabricar producto alguno “soportó gastos excesivos y desmesurados”, como los 1,2 millones de euros de sueldos –“la mayor parte de alta dirección”-, 356.000 euros de gastos de representación de las tarjetas de crédito de los directivos, 70.000 euros de dietas iniciales o 50.000 euros de vehículos de alta gama. “Todos estos gastos son especialmente reprochables cuando la sociedad aún no había comenzado a producir productos alguno y sus cuentas económicas arrojaban unos balances negativos”, agrega el juez.Pese a todo ello, no ve delito de malversación pues “no se ha podido encontrar prueba alguna de que ninguna de las personas investigadas sustrajera cantidad alguna, consistiere que otros terceros lo hiciera, ni de que destinaren esos bienes a sus ajenos a la función pública, por lo que sobre este punto deberá procederse a finalizar esta investigación”.Del mismo modo, considera que el “ánimo de perjudicar a los socios” que adorna el delito societario “tampoco ha quedado acreditado en ninguno de los imputados”.
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NOMBRADO POR EL CONDENADO JAVIER DEL OLMO
El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, ha presentado hoy de forma oficial al nuevo consejero delegado de SODERCAN, Salvador Blanco, hasta ahora director general de Tesorería, Presupuesto y Política Financiera de la Consejería de Economía. Asimismo, Del Olmo ha agradecido la labor del consejero saliente, José Villaescusa, por protagonizar el «gran avance» experimentado por SODERCAN en los últimos cuatro años.
Del Olmo ha destacado que, tras el paso de Villaescusa por SODERCAN, ahora se incorpora «otro profesional de prestigio» como Salvador Blanco, que hasta ahora ha dirigido «la cocina» de la economía del Gobierno desde la dirección general de Presupuesto. El objetivo del nuevo consejero delegado, ha explicado Del Olmo, es convertir a SODERCAN en «el núcleo aglutinador de la política industrial de Cantabria». Para ello, ha confirmado que el Gobierno cántabro adquirirá el 48,5% de las acciones de SODERCAN en poder de Caja Cantabria y el 0,5% en poder de la Cámara de Comercio, organismos que ya han aceptado desprenderse de sus respectivos paquetes y sólo resta concretar los detalles económicos. Este cambio accionarial pretende facilitar la adaptación de SODERCAN a la nueva Ley de Subvenciones.
El propio Salvador Blanco, tras destacar que Villaescusa ha marcado en la sociedad pública «un listón muy alto», ha insistido en el papel de SODERCAN como «instrumento al servicio de la política industrial diseñada desde la Consejería de Industria», enmarcada en tres grandes áreas de actuación: poner a disposición del tejido productivo suelo industrial, promocionar de forma «proactiva» la innovación en las empresas para mejorar su productividad y desarrollar la producción energética de Cantabria, con especial atención a las fuentes energéticas renovables. En SODERCAN, estas líneas de actuación pivotarán en torno a dos grandes áreas: innovación-desarrollo industrial y suelo industrial.
Para afrontar esta nueva etapa de SODERCAN, el nuevo consejero delegado ha anunciado la incorporación de profesionales, tanto del ámbito privado como público, a su nuevo equipo que también aprovechará «lo bueno del anterior». Finalmente, ha agradecido a Javier del Olmo la confianza depositada en él y también ha tenido palabras de agradecimiento para su anterior consejero de Economía, Ángel Agudo, y de la Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga.
Sello de calidad europea EFQM y premio del CDTVillaescusa, tras agradecer por su parte la confianza que han depositado en él tanto el actual consejero de Industria, Javier del Olmo, como el anterior, Miguel Ángel Pesquera, ha ofrecido el avance de resultados de cierre 2007 de la sociedad pública, con la que seguirá colaborando como asesor, al menos durante unos meses. Por ejemplo, ha destacado que el número de actuaciones de SODERCAN con las empresas alcanzó en 2007 un total de 2.278, un 286,8% más que en 2002. Ha explicado asimismo que la inversión privada movilizada con las actuaciones de la sociedad pública superó en 2007 los 83 millones de euros, lo que supone una mejora del 260% desde 2002. El programa de creación de empresas Emprecan, por su parte, ha generado en 2007 un total de 258 empleos nuevos (un 130% superior al 2002) y la evolución de las exportaciones cántabras, reflejo de la estrategia de internacionalización de SODERCAN, crecieron hasta octubre de 2007 un 15%, más del doble del crecimiento nacional, fijado en 6,7% en el mismo periodo.
Villaescusa ha revelado que SODERCAN acaba de recibir el sello de excelencia europeo EFQM, que sólo han alcanzado cinco empresas cántabras, al superar una exigente evaluación en campos como estrategia, resultados en personas y resultados en clientes. Asimismo, ha anunciado que al CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) del Ministerio de Industria, ha concedido un premio dotado con cerca de un millón de euros a Cantabria, a través de la Consejería de Industria y SODERCAN, por su fuerte crecimiento en proyectos empresariales de I+D+i en 2007. Para el consejero delegado saliente, estos hitos evidencian el profundo cambio cultural que ha experimentado SODERCAN en estos últimos cuatro años, desde una postura «reactiva» a una mucho más «proactiva», evolución que, a su juicio, no hubiera sido posible sin la colaboración de la plantilla de SODERCAN, a la que también le ha transmitido su agradecimiento.
El juez no aprecia malversación ni delito societario en la gestión de GFB pero sí posible fraude de subvenciones
Cita a declarar como imputados a todos los miembros del Consejo de Administración de la fábrica de Orejo
Mantiene las imputaciones contra los exconsejeros del Gobierno Agudo y Pesquera, y archiva la causa contra el exconsejero delegado de Sodercán, José Villaescusa
