El Ayuntamiento de Castro se persona por primera vez como perjudicado por la corrupción

Los imputados son Fernando Muguruza y José Miguel Rodríguez. En una de las naves se pagó la renta sin contrato y luego se subió sin motivo. El otro alquiler se pactó antes de que se sacara a concurso, Según EL MUNDO CANTABRIA
©EL MUNDO CANTABRIA/FÉLIX VILLALBA / SantanderEl caso de los alquileres de naves por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales, cuando estaba gobernado por Fernando Muguruza, ha provocado que por primera vez el consistorio se persone en una causa de corrupción como perjudicado.
El asunto está pendiente de que se dicte el auto de apertura de juicio oral, algo que es seguro, dado que hay tres acusaciones, incluida la Fiscalía, que lo reclaman.
En Castro Urdiales hay abiertas muchas causas por presuntos delitos de corrupción y en la práctica totalidad está implicado el consistorio, a través de sus representantes políticos. El quebranto a las arcas públicos ha sido millonario, según se establece en los autos judiciales, pero hasta ahora el Ayuntamiento no había reclamado nada, algo lógico si se tiene en cuenta que en el inicio de la acción judicial quienes tenían las riendas del gobierno municipal eran los que estaban imputados.
Con el cambio en la alcaldía en las últimas elecciones, ocupada por Iván González (PP), se ha producidoun cambio respecto a los procesos judiciales y el Ayuntamiento se ha personado como perjudicado y ha presentado un escrito de acusación.
Lo ha hecho en relación al alquiler de dos naves por parte del consistorio. Una de ellas es la ubicada en el número 17 del polígono de Brazomar, que se dedicó a almacén y depósito de vehículos municipales.
El arrendamiento se realiza en algunos casos sin contrato y en otros sin sacarlo a concurso, a pesar de los reparos de la intervención, que fueron sistemáticamente levantados por el entonces alcalde, Fernando Muguruza.
El Ayuntamiento disponía de locales de similares características, con lo que la necesidad del alquiler es dudosa. Además, en una de las ocasiones que no hay contrato, durante dos meses, para el alquiler, al haber vencido el plazo, el asunto se soluciona firmando uno en el que el precio se incrementa un 25 por ciento sin justificación alguna, pasando a suponer un gasto de casi 19.500 euros al año.
En el otro alquiler, para el servicio de bomberos, se convocó el concurso, pero tal y como publicó este periódico el domingo, un manuscrito del entonces concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, demuestra que ya se había adjudicado previamente. El pliego de condiciones del concurso se hizo reflejando las características del local que ya se había pactado con su propietario el arrendamiento por algo más de 4.500 euros mensuales.