Diego se compromete a elaborar una Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad

En una jornada organizada por CERMI Cantabria, el presidente ha adelantado que esta norma dará «mayor visibilidad y seguridad jurídica» a estas personas, y permitirá adaptar toda la normativa autonómica a la Convención de la ONU
Ignacio Diego, con la diputada Mercedes Toribio y representantes del movimiento asociativo por la discapacidad (Foto: Raúl Lucio)
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ha comprometido hoy con el movimiento asociativo que trabaja la discapacidad en nuestra región a elaborar una Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad que, por un lado, aporte «mayor visibilidad y seguridad jurídica» a estas personas y, por otro lado, permita modificar de una sola vez toda la normativa autonómica y adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Para conseguirlo, el Gobierno cántabro tendrá por delante un «trabajo arduo», puesto que se verá en la necesidad de modificar, al menos, 21 leyes sectoriales relativas a educación, empleo, sanidad, protección social, ocio y cultura, fiscalidad o estadística.
Según ha dicho Ignacio Diego, en esa tarea, en la que trabaja ya la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, se tomará siempre como «apoyo, referente y herramienta de trabajo» el «excelente estudio» elaborado al respecto por la Universidad de Cantabria.
El presidente de Cantabria ha ratificado este compromiso del Ejecutivo cántabro en la apertura de la jornada organizada por CERMI Cantabria para presentar este informe, que lleva por título `Aplicación práctica de la Convención de la ONU en el marco de Cantabria: de los derechos a los hechos’.
En su intervención, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado orgulloso de la labor que en Cantabria llevan a cabo todas las organizaciones que trabajan para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que es, precisamente, el compromiso global que su Gobierno asumió a comienzos de legislatura y que se ha venido materializando con acciones concretas que «pronto darán sus frutos».
En este sentido, ha apuntado que Cantabria ha sido en estos tres últimos años una de las comunidades que más se ha esforzado en consolidar los derechos de las personas con discapacidad y en lograr «notables avances»  hacia la mejora de su calidad de vida.
Sobre el estudio elaborado por la UC a instancias de la Comisión Especial no Permanente sobre Discapacidad constituida en el Parlamento cántabro, Ignacio Diego ha señalado que es un «buen informe» que pone de manifiesto la «asignatura pendiente» que aún tiene Cantabria de adaptar su ordenamiento jurídico a la Convención, vacío que quedará cubierto cuando se apruebe la ley que elaborará el Gobierno.
Finalmente, ha deseado que la jornada sea «provechosa» y «enriquecedora» para todos los participantes, y que sirva a las diferentes administraciones para tomar «decisiones más acertadas».
La presentación del estudio ha tenido lugar en el patio del Parlamento de Cantabria y ha contado también con la presencia de la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga; el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna; la presidenta de la Comisión de Discapacidad del Parlamento, Mercedes Toribio; el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal; la presidenta de CERMI Cantabria, Mar Arruti, y la directora de la Fundación Aequitas, Almudena de Castro, entre otros.
El documento presentado por CERMI aborda, en una primera parte, el contenido de la propia Convención y su impacto en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma en lo que respecta a educación, empleo, sanidad, protección social, ocio y cultura, capacidad jurídica y de obrar, acceso a la justicia, accesibilidad, fiscalidad, estadística, autonomía y vida independiente.
En estas materias recogen propuestas de actuación para la adaptación del ordenamiento a la Convención en esos ámbitos sectoriales y en materias transversales. Por otro lado, el estudio realiza propuestas para la institucionalización de instrumentos de formulación de políticas públicas en materia de discapacidad.