Reclaman vía judicial el acceso a los expedientes de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno a lo largo del mes de enero
Los grupos municipales del PSOE, PRC y PP en el Ayuntamiento de El Astillero han presentado un recurso contencioso administrativo, el cual ha sido admitido a trámite por el Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo, contra los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local que preside el alcalde, Javier Fernández Soberón, de las cuatro sesiones celebradas en el pasado mes de enero. Dichas formaciones han tenido que recurrir a los Tribunales para reclamar el acceso a dichos expedientes ante las sospechas de un presunto delito de ilegalidad y al haber sido negado su acceso en numerosas solicitudes presentadas por escrito y en comisión .
En concreto dicha ilegalidad incurriría en el hecho de la aprobación por dicho órgano de una serie de facturas del año 2020 en el mes de enero del 2021 con cargo al ejercicio del 2020 así como el pago de facturas de las empresas concesionarias de servicios, de Mantenimiento del Alumbrado Público y la encargada de la gestión de los espacios culturales: Sala de Cine Bretón, Almacén de las Artes, Ludoteca Finca del Inglés, Mapa Digital, cuyos contratos fueron adjudicados por pleno y debe ser éste quien levante el reparo. A ello se suma que están caducados y sus prórrogas vencidas, la última en el caso de la empresa encargada de la gestión de espacios culturales que se renovó en septiembre de 2019.
Señalan que el alcalde ha aprobado por la “puerta de atrás”, «encerrado en su despacho» dichas facturas, en un claro ejercicio de falta de transparencia lo que ha motivado el que hayan tenido que recurrir a los tribunales para defender sus derechos de acceso a la información.
«Estamos hablando de supuestas prácticas ilegales, al margen de los procedimientos reglados, con el total conocimiento del Alcalde y sus tenientes alcaldes, y a sabiendas de que gran parte de las facturas aprobadas corresponden a empresas que tienen sus contratos caducados y sus prórrogas agotadas, y cuya aprobación corresponde al pleno municipal previo levantamiento del reparo suspensivo de pago».
