La reforma de las Administraciones Públicas ha recibido el rechazo de varias comunidades autónomas, al estar en contra de la supresión de instituciones regionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.
La reforma de las Administraciones Públicas ha recibido el rechazo de varias comunidades autónomas, al estar en contra de la supresión de instituciones regionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, instó al Gobierno a eliminar de Cataluña «delegaciones de los ministerios que ya no tienen funciones», en referencia a Educación y Cultura y Sanidad. Su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, dijo que «jamás» aplicarán la reforma. «El Govern no va a devolver, jamás, ninguna competencia», enfatizó. La reforma, en su opinión obedece a una «fijación ideológica» del Gobierno: «recentralizar el Estado a costa de adelgazar las autonomías.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, tildó el proyecto de «desatino» y una «limitación de la democracia». Valderas dijo que no lo aplicarán porque muchas de las instituciones que pretende eliminar están protegidas por el Estatuto. El Gobierno vasco descartó la posibilidad de eliminar las figuras del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, ya que disponen de «plena vigencia» y proporcionan una reconocida función social.
El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, calificó de «chantaje» y de «injerencia intolerable» las medidas planteadas. «El Gobierno no se entera de qué significa la autonomía de una comunidad ni el modelo de Estado», añadió. El Gobierno canario también rechazó la reforma y aseguró que tras ella está «la derechona que nunca ha creído en el Estado autonómico».
Las comunidades gobernadas por el PP valoraron de forma positiva la reforma, si bien con ciertas reticencias a eliminar los tribunales de cuentas y los defensores del pueblo. El consejero de Economía de Madrid, Enrique Ossorio, dijo que esta comunidad «ya ha puesto en marcha todas las medidas». El consejero de Hacienda de Aragón, José Luis Saz, alabó la reforma, si bien defendió el Justicia de Aragón y su Cámara de Cuentas por su «trayectoria histórica». Castilla-La Mancha considera las medidas «muy coherentes», mientras que Cantabria y La Rioja ven «razonables» las propuestas. La Generalitat Valenciana creará una comisión para estudiar el informe y valorar qué propuestas son asumibles.
Por otro lado, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, dijo que comparten los objetivos de ahorro planteados por el Gobierno aunque se toman la reforma con «cautela». El PSOE rechazará lo relacionado con recortes de servicios democráticos y órganos de control. José Luis Centella, de IU, señaló que el Ejecutivo «vuelve a utilizar la excusa de la reducción del gasto público para recortar la democracia».
Todos los diarios se hacen eco hoy de la reforma de la Administración, el ahorro que supondrá para las arcas públicas así como el rechazo de algunas autonomías. «Ahorro sí, pero en empleo público», titulaEL PAÍS, mientras queABCrecuerda que la reforma «ahorrará hasta 37.700 millones». «Un ahorro de 37.700 millones hasta 2015», titulaLA RAZÓN. «Moncloa cifra en 37.00 millones el ahorro por ajustar la Administración», es el titular deCINCO DÍAS, mientras queEL ECONOMISTAseñala que «Montoro da por cerrados los ajustes en el sector público pese a la reforma en marcha».
Respecto al rechazo de algunas comunidades autónomas,EL MUNDOtitula en primera: «Las autonomías declaran la guerra a la ‘reforma Soraya'». En páginas interiores el diario habla de «rebelión autonómica».EL PAÍSdestaca que «Cataluña, Andalucía, País Vasco y Canarias rechazan el plan de Rajoy» y recuerda que los tribunales de cuentas y los defensores «están en varios Estatutos autonómicos». «Recentralización», es el titular de primera deEL PERIÓDICO. Para este diario «Rajoy usa la poda administrativa para intentar recentralizar España». SegúnLA VANGUARDIA, «las autonomías recelan del plan para adelgazar la Administración», una reforma que «choca con oposición autonómica».LA GACETAseñala que «partidos y comunidades, poco dispuestos a los recortes».
EL PAÍS 10, 11/EL MUNDO 1, 4, 5/ABC 1, 22-24/LA VANGUARDIA 1, 10, 11/EL PERIÓDICO 1, 2-5/LA RAZÓN 1, 14, 15/LA GACETA 1, 7, 8/CINCO DÍAS 6/EL ECONOMISTA 1, 10, 11
AHORRO PREVISTO POR EL GOBIERNO
El Gobierno calcula un ahorro de37.700 millones de euroscon las medidas dereforma de administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno,Soraya Saenz de Santamaríaen la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Si se aplicasen las217 medidasrecogidas en ese documento, el ahorro sería de 6.500 millones.
Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado además unaOficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo. Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma y anualmente presentará un «análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer».
6.500 millones de ahorro para la Administración
La portavoz del Ejecutivo ha explicado que37.000 millones es la cifra «global» del ahorroincluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el«adelgazamiento» de las administraciones públicas, esto es, las medidas de la CORA, la reforma local -cuyo ahorro se aproxima a los 8.000 millones de euros- y las medidas estructurales sobre empleo público -alrededor de 19.000 millones-.
Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015 la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.
Fuentes gubernamentales han admitido que en los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se han contabilizado las medidas sobre duplicidades como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos. Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno tiene cálculos sobre lo que cuesta tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo Nacional, que ascendería a unos 400 euros, y lo que cuesta ante el mismo órgano a nivel autonómico, que se elevaría a unos 800 euros.
Sáenz de Santamaríaha subrayado en la rueda de prensa que el objetivo del Gobierno es hacer una administración «más racional, más eficaz y eficiente», así como que «funcione mejor» y de una «manera más barata».
El informe para la reforma de la Administración tiene como objetivo la reducción de 57 organismos públicos dependientes del Estado y de hasta 90 observatorios regionales. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el titular de Industria, José Manuel Soria, participaron en un foro de análisis del informe celebrado en La Moncloa en el que dieron un avance de lo que será la reforma que hoy aprobará el Consejo de Ministros y que será facilitado a las comunidades autónomas en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará en julio.
Los diarios destacan que entre las propuestas a los Gobiernos autonómicos está la eliminación de los defensores del pueblo, los tribunales regionales de cuentas, las agencias de protección de datos, las juntas consultivas de contratación administrativa o los tribunales administrativos de recursos.
Montoro avanzó que tendrá en cuenta el cumplimiento de las recomendaciones del informe para fijar los objetivos de déficit de las autonomías, de forma que las que eliminen más duplicidades tendrán un mayor margen fiscal. El ministro apuntó que se han identificado todas las duplicidades que «no son admisibles» y «de las que·todos tienen que responder».
Sáenz de Santamaría dijo que esta reforma es «una nueva cultura, una nueva forma de pensar y de administrar». «Es mucho más que la reforma de todo un aparato administrativo, es un motor de crecimiento para el país», añadió. La vicepresidenta señaló que la Administración General asume ya la «obligación» de poner en marcha las medidas contenidas en el informe, y apeló a la necesidad de que se produzca «un esfuerzo básico de consenso, de entendimiento y de coordinación». Sáenz de Santamaría apuntó que en las próximas semanas el Gobierno aprobará el anteproyecto de ley de factura electrónica que supondrá «el fin de las facturas en el cajón».
Por su parte, Soria señaló que la reforma traerá una mejora de la competitividad gracias, sobre todo, a la reducción de los costes burocráticos.
«Rajoy presiona para suprimir los tribunales de Cuentas autonómicos», titulaEL PAÍSen portada, mientras queEL PERIÓDICOdetalla que el Ejecutivo «propone la supresión del Síndic de Greuges y el de Comptes».EL MUNDOhabla de «la reforma Soraya» que «ahorrará al año 7.500 millones gracias a la red». «Adiós a las facturas en los cajones», titulaABCsu información.LA VANGUARDIAseñala que «Montoro vincula el déficit autonómico a la eliminación de duplicidades». En la misma línea,LA RAZÓNapunta que «Montoro condicionará el déficit a que las CCAA reduzcan duplicidades». «Montoro dará más margen fiscal a las regiones que supriman entes», titulaCINCO DÍAS.
EL ECONOMISTAconsidera que con la reforma «el Gobierno abre la veda a despidos y traslados de empleados públicos».
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, reiteró su «colaboración» de cara a la reforma. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, «aplaudió» las medidas propuestas por el Gobierno, mientras que el consejero de Hacienda valenciano, Juan Carlos Moragues, dijo que aplicarán las medidas que se enmarquen en el concepto de Administración «ágil, eficiente y moderna». Castilla y León también se comprometió a colaborar, al igual que Baleares, Extremadura, Galicia o Castilla-La Mancha. El consejero de Administraciones Públicas de Aragón, José Luis Sanz, dijo que se trata de la reforma «del sentido común».
Por otro lado, el conseller de Presidencia de la Generalitat, Frances Homs, emplazó al Gobierno central a suprimir el Ministerio de Educación si lo que quiere es reducir la Administración. En su opinión, es el Estado el que debe dar el paso de la simplificación administrativa ya que es quien «continúa manteniendo abiertas unas instalaciones y unos ministerios sobre los que no tiene competencias». Rosa Díez, de UPyD, dijo que todas las medidas que se han ido conociendo son «recomendaciones» y el Gobierno está para «actuar, no para recomendar».
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