El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado que el proceso de regularización de inmigrantes en la comunidad se está desarrollando con “relativa normalidad” y con una afluencia “más baja de la esperada”. Una afirmación que, a tenor de lo que está ocurriendo en Santander, resulta difícil de sostener.
Lejos del escenario que describe Casares, los servicios municipales de la capital cántabra llevan días soportando una presión evidente. Las imágenes difundidas por VOX muestran colas, esperas y una sobrecarga que contradice de forma directa el discurso oficial. No se trata de percepciones ni de “bulos”, sino de hechos visibles que cualquier ciudadano puede comprobar.
A esto se suma la advertencia del propio Ayuntamiento de Santander, que ya alertó del riesgo de colapso. Una previsión que, según lo que se está viendo sobre el terreno, no solo era acertada, sino que se ha quedado corta.
Resulta especialmente llamativo que el delegado del Gobierno intente desacreditar estas denuncias mientras la evidencia se acumula. Negar la saturación cuando los propios servicios locales están desbordados no es una cuestión de interpretación política, sino un ejercicio de negación de la realidad.
El proceso de regularización, impulsado por el Ejecutivo central, seguirá abierto hasta el 30 de junio. Sin embargo, más allá de los plazos y requisitos administrativos, lo que queda en entredicho es la gestión y la transparencia con la que se está abordando. Porque cuando la versión oficial choca frontalmente con lo que ocurre en la calle, el problema no es de percepción, sino de credibilidad.
