Según se informa, se habría autorizado una valoración desorbitada del coste de las viviendas que impide de facto la compra de las VPOs por parte de quienes llevan años en alquiler
Cantabristas ha denunciado en un comunicado de prensa “un escándalo autorizado por la Dirección General de Vivienda” que afecta a vecinos de 140 Viviendas de Protección Oficial del Primero de Mayo, en Peñacastillo. Esta semana, tras años en alquiler y llegando el momento de poder acceder a la compra de sus viviendas, han sido sorprendidos por la valoración económica de sus hogares que ha remitido la empresa, Residencial Primero De Mayo S.L., autorizada por la Dirección General de Vivienda, donde se establecen precios de venta que rondan los 3000€ por m2.
Una situación “escandalosa, que supone que, por ejemplo, el coste de ejecutar la opción a compra de un piso de 50m2 en el Primero de Mayo se esté valorando en más de 150.000€”, un precio que no se corresponde “ni de lejos” con las características de los inmuebles, su ubicación, y su carácter de vivienda protegida.
Este precio de compra, denuncian, busca “impedir la compra su vivienda para quienes vivían en ellas en régimen de alquiler con opción a compra desde hace años”, en un momento “en que la empresa considera más rentable mantener a las y los inquilinos en alquiler”. En palabras de la formación cantabrista, “lo más alarmante es que la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria, dirigida por Eugenia Gómez de Diego (PSOE), haya autorizado este cálculo desorbitado y escandaloso del precio de las viviendas”, en especial, “tratándose de Viviendas de Protección Oficial, que la legislación establece como medio para acceder a una vivienda digna y adecuada, especialmente para quienes más dificultades tienen para ello”.Desde Cantabristas se cuestionan si “esta situación se ha generado ahora o es consecuencia de negligencias graves en el planteamiento de esta promoción de VPOs, que recibió en su momento 13 millones de euros de ayudas públicas por parte de la Consejería de Vivienda en 2010, entonces dirigida por José María Mazón, del PRC.
Por todo ello, la formación política ha exigido explicaciones por parte de Vivienda, así como la rectificación de lo que consideran “un despropósito que vuelve a poner por encima los intereses especulativos al derecho a la vivienda, con la colaboración necesaria de unos poderes públicos que muestran una carencia total de sensibilidad y una afrenta a los vecinos”.Y es que, en opinión de Cantabristas, “el Gobierno de Cantabria no parece entender aún la problemática que supone el acceso a la vivienda para la mayoría de la población”.
