Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también han acordado en el Consejo Interterritorial de Salud plantear a los grupos parlamentarios la ampliación de la prohibición a todos los lugares públicos cerrados
Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también han acordado en el Consejo Interterritorial de Salud plantear a los grupos parlamentarios la ampliación de la prohibición a todos los lugares públicos cerrados, al igual que ocurre ahora con los productos del tabaco, de acuerdo con la actual Ley del Tabaco, ha informado la ministra Ana Mato.
La titular de Sanidad ha explicado que se va a pedir a los grupos parlamentarios que incluyan la prohibición de los cigarrillos electrónicos en centros escolares, sanitarios y transporte público en alguna de las normas que están ahora en tramitación para que pueda entrar en vigor en enero.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el último del año, Mato ha resaltado que todas las comunidades autónomas están de acuerdo en la necesidad de que haya una regulación de estos cigarrillos a nivel nacional, con el «objetivo prioritario irrenunciable» de la protección de los menores.Por otra parte, la ministra ha resaltado la apuesta «estratégica» que supone la e-Salud y ha asegurado que el año que viene será clave para su total implantación.
Ana Mato ha informado de que el 66 por ciento de las recetas son ya electrónicas, lo que ha conseguido reducir entre un 15 y un 20 por ciento las consultas y disminuir los errores de medicación.
Las comunidades y el Ministerio han dado también el visto bueno al libro blanco sobre recursos humanos del sistema sanitario, que incluye 60 medidas articuladas en cinco bloques cuyo objetivo final es alcanzar «el tan necesario y pedido» Pacto por la Sanidad, que «ya estamos ofreciéndoselo a los partidos políticos».
PROPUESTA MINISTERIO
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propondrá este miércoles a las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial, prohibir la utilización de cigarrillos electrónicos en espacios públicos cerrados. Este punto fue incluido a última hora a petición de varias comunidades autónomas, que exigían al Gobierno un posicionamiento.
La respuesta del Ministerio es clara: prohibirla utilización de cigarrillos electrónicos al mismo nivel que las restricciones al consumo de tabaco, aunque, según fuentes del departamento de Ana Mato, no sería necesario retocar la ley antitabaco, sino que se haría a través de un decreto u otra disposición.
No obstante, en el informe presentado a los consejeros, Sanidad explica que pretende “avanzar en la prohibición de su uso y consumo (del cigarrillo electrónico) en los espacios de uso público contemplados en la Ley 28/2005 modificada por la Ley 42/2010 de 30 de diciembre”. El Ministerio justifica esta decisión dado que “la eficacia de los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar no ha sido demostrada y por otra parte, no se pueden excluir losriesgos para la saludasociados al uso o a la exposición del vapor de los cigarrillos electrónicos”.
Cantabria se ha sumado hoy al acuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para prohibir el consumo de cigarrillos electrónicos en centros sanitarios, escolares y dependientes de las administraciones públicas y en el transporte público.
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha manifestado a favor de una posición y regulación común y nacional, que deberá articularse mediante la oportuna modificación legislativa y que, a su juicio, debería aprobarse a la mayor brevedad posible para delimitar con claridad un fenómeno y un uso en rápida expansión.
Sáenz de Buruaga, quien representa a Cantabria en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha puesto de manifiesto la capacidad de anticipación y de respuesta del Ministerio de Sanidad, que va a servir para evitar la proliferación de regulaciones autonómicas diversas y heterogéneas en el Sistema Nacional de Salud.
Según la consejera, las comunidades autónomas deben asumir su responsabilidad conciliando el principio de precaución que es esencial en salud pública, con el de prudencia, toda vez que aún no existe una evidencia científica concluyente sobre los efectos del cigarrito electrónico sobre la salud de las personas ¿usuarios y terceros-, y que se está aún a expensas de su regulación en el ámbito de la Unión Europea.
En este sentido, ha calificado de «equilibrada, responsable y sensata» la propuesta planteada por el Ministerio y ratificada hoy por las comunidades autónomas de limitar el alcance de la prohibición a los centros sanitarios, escolares, dependientes de las administraciones públicas -especialmente los servicios de atención al público- y el transporte público, que sin duda ¿ha añadido- responde al interés superior de la protección del menor y de aquellos otros ámbitos o colectivos más sensibles.
«Aunque no hemos cerrado la puerta a ese hecho, de momento se ha decidido no ir más allá hasta que se concrete definitivamente la regulación de estos productos en la Unión Europea», ha explicado la consejera. Para ir avanzando en este sentido, se abrirá un debate con los grupos parlamentarios sobre la conveniencia de extender las prohibiciones del tabaco al cigarrillo electrónico e ir reforzando la evidencia científica.
Cataluña ha sido una de las primeras comunidades en adelantar su intención de regular el uso de estos dispositivos en la línea del Ministerio. Andalucía y la Comunidad Valenciana son solo partidarias de vetar su uso en los centros sanitarios y educativos. Otras comunidades, como Cantabria y Castilla y León, han manifestado su intención de esperar a la propuesta del Gobierno antes de establecer normas específicas a este respecto.
Homeopatía y cribados
El Consejo Interterritorial también debate el proyecto de orden para regularizar la comercialización de los productos homeopáticos, que actualmente se venden sin control. El objetivo, según Sanidad, es garantizar su calidad y seguridad, al margen de su efectividad, puesta en entredicho en muchos casos por la comunidad médica y científica.
Otro punto del día es el visto bueno definitivo a la revisión en la cartera de servicios de los cribados neonatal, cáncer, consejo genético y reproducción asistida.


