Se han gestionado 2.862 denuncias de consumo, se han presentado 2.167 solicitudes de arbitraje, y se han subvencionado con 200.000 euros las actividades de asociaciones y oficinas de consumidores
El Gobierno de Cantabria ha incrementado su actividad en el área de Consumo a lo largo de este 2013, con el objetivo de dar un mejor servicio a los ciudadanos de la región. La Dirección General de Consumo ha tramitado un total de 2.862 denuncias que han concluido en 140 expedientes sancionadores. Los sectores que mayor número de denuncias aglutinan son los electrodomésticos, incluidos terminales móviles, los temas vinculados con aviación y con energía.Además de estas denuncias, la Junta Arbitral de Consumo, como vía jurisdiccional extrajudicial, rápida y eficaz para la protección de los intereses generales, y, por tanto, como instrumento de vital importancia para la protección del consumidor, ha tramitado en 2013 un total de 2.167 solicitudes, de las que 1.161 se han resuelto por mediación y por laudo arbitral. En la actualidad, se encuentran adheridas al sistema arbitral de Consumo 2.181 empresas a nivel autonómico, además de las adheridas a nivel estatal. El Gobierno tiene como objetivo el fomento de la adhesión de las empresas al sistema arbitral de consumo por las ventajas que éste supone. Por este motivo, continuarán las rondas de contactos con diversas compañías para plantear su incorporación a esta herramienta.La actividad en la Dirección General de Consumo se ha dirigido también hacia la inspección, con campañas de control de etiquetados para la certificación de que la información solicitada sea la exacta y hacia la formación en consumo. En este último aspecto, se han realizado un total de 8 talleres dirigidos a los mayores, 10 para asociaciones de vecinos y 149 dirigidos a escolares de la región.El Gobierno regional no ha olvidado la actividad de asociaciones y oficinas de consumidores, concediendo 130.000 euros para colaborar en el mantenimiento de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios, así como de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). El objetivo de estas ayudas es proteger y defender los derechos de los consumidores y usuarios, así como apoyar y fomentar el servicio realizado por las organizaciones de consumidores y usuarios. A estas ayudas se han unido las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios, encargados de promover los intereses de los consumidores y ayudarles a hacer valer sus derechos. Par el desarrollo de esta labor, el Ejecutivo ha subvencionado este año con 70.000 euros a las tres organizaciones de este ámbito radicadas en Cantabria que lo solicitaron.


