Cantabria ha entrado de lleno en el debate nacional por el reparto de menores migrantes no acompañados. Después de que el Congreso aprobara el decreto que obliga a las comunidades autónomas a acoger a estos menores según el criterio del Gobierno central, el Ejecutivo cántabro ha mostrado su rechazo frontal. Al igual que otras regiones del PP y alguna del PSOE, como Castilla-La Mancha, defiende que cualquier acogida debería ser voluntaria y pactada, no impuesta.
La tensión ha ido un paso más allá tras conocerse que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) ha enviado 18 oficios a la Delegación del Gobierno para que valore, según sus competencias, la situación personal y familiar de varios menores migrantes. El objetivo: analizar si podría ser más beneficioso para ellos reunirse con sus familias en sus países de origen.
La base legal que utiliza el Icass es la Ley de Extranjería de 2000, que contempla esta posibilidad si se considera que el “interés superior del menor” se cumple mejor en su país, junto a sus familiares. La consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río, explicó que no se trata de expulsar a nadie, sino de cumplir la ley y entender cada caso particular. “No tratamos a los menores como fardos. Solo pedimos averiguar sus circunstancias familiares”, recalcó.
Desde el Ministerio de Infancia, sin embargo, han asegurado que no se va a autorizar ninguna expulsión de menores desamparados y acusan al Gobierno de Cantabria de promover un modelo “racista” vinculado a Vox, partido con el que el PP cántabro aprobó recientemente una proposición no de ley sobre este tema en el Parlamento regional.
Gómez del Río insiste en que los oficios no están relacionados con esa iniciativa política, sino con el nuevo contexto legal tras el fallo del Tribunal Supremo sobre los menores solicitantes de asilo y la entrada en vigor del decreto de reparto. Afirma que pidió al Icass una revisión general de la situación y que se actuara conforme a la ley, siempre pensando en el bienestar de los menores, que en su mayoría son mayores de 16 años y proceden de Marruecos y Gambia.
Según el Icass, muchos de estos jóvenes mantienen contacto habitual con sus familias y, en ese caso, algunos organismos internacionales recomiendan priorizar la reunificación. Aun así, cualquier proceso de retorno requeriría la intervención del Estado, informes de Fiscalía y un acuerdo con el país de origen, algo que de momento parece muy improbable, dado el rechazo del Gobierno central.
