Cantabria interpone el requerimiento para reclamar al Estado el pago de los 45,5 millones del IVA de 2017

El Gobierno solicita la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y considera que el Estado ha vulnerado los principios de transparencia, lealtad institucional y confianza legítima, con un importante perjuicio para las arcas
Cantabria ha interpuesto formalmente el requerimiento para reclamar al Estado el pago de los 45,5 millones de euros, más los intereses por daños y perjuicios, adeudados por la recaudación del IVA correspondiente al ejercicio 2017, medida que fue autorizada por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 12 de marzo.
En el escrito enviado a Madrid desde la Dirección General del Servicio Jurídico, el Ejecutivo autonómico solicita la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la inclusión en el orden del día de las actuaciones necesarias para atender el impacto que la modificación normativa de 2016, introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha supuesto para las comunidades autónomas. Así, Cantabria pide que se contemplen «las compensaciones necesarias en concepto de ingresos» para revertir el desfase financiero que aquella decisión provoca en las arcas regionales.
Por otro lado, el Ejecutivo cántabro denuncia la vulneración de tres principios fundamentales por parte del Gobierno de España: el de transparencia, lo que ha impedido a la Comunidad adoptar las medidas necesarias para no verse abocada a la situación actual; el de lealtad institucional, tanto por no canalizar la reforma y explicar su incidencia en un primer momento como por no adoptar medidas compensatorias con posterioridad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y, por último, el principio de confianza legítima de Cantabria, con un importante perjuicio patrimonial para la Administración regional.
Antecedentes
El Consejo de Gobierno cántabro autorizó el pasado mes de marzo a la Dirección General del Servicio Jurídico la interposición de este requerimiento como una reclamación de cantidad por los daños y perjuicios sufridos a causa de la modificación legal que propició el impago y que vulneró los principios de autonomía y suficiencia financiera, afectando directamente a los ingresos de la Comunidad Autónoma sin una previa, ni posterior modificación del sistema de financiación.
Se trata de un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa a fin de que se adopten por parte del Estado las medidas que sean precisas para atender el impacto que la citada modificación normativa, incluida en el Real Decreto 596/2016, ha ocasionado en la capacidad tributaria de la Comunidad Autónoma. El documento recoge en 31 páginas un listado completo de hechos y fundamentos jurídicos, debidamente motivados, para requerir al Estado el abono de la cantidad impagada.
El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha reclamado repetidamente a Pedro Sánchez el pago de esta deuda en las sucesivas reuniones de la Conferencia de Presidentes convocadas desde la entrada en vigor del estado de alarma, pero en ningún caso ha obtenido respuesta, al igual que sucede con otras reivindicaciones de Cantabria como el abono de la anualidad de las obras de Valdecilla correspondiente al año 2016, sobre la que ya hay una sentencia de la Audiencia Nacional favorable al Gobierno regional.
Ante esta situación, el Consejo de Gobierno reafirmó la semana pasada, en la reunión extraordinaria celebrada el 27 de mayo, su decisión de iniciar acciones para proceder a la reclamación del pago, una vez concluida este lunes la suspensión de plazos administrativos decretada tras la entrada en vigor del estado de alarma.