Campings, apartamentos y casas rurales se actualizan en su normativa

La actualización de la normativa de alojamientos extrahoteleros simplificará los trámites administrativos. El Gobierno de Cantabria aprueba la modificación del Decreto que regula estos establecimientos
El Gobierno de Cantabria ha aprobado la modificación del Decreto que regula los establecimientos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural)  en el ámbito de la Comunidad Autónoma, actualizando la normativa de 2010 con el objetivo de agilizar la tramitación administrativa y reforzar la seguridad jurídica.
La modificación parcial del Decreto 82/2010, de 25 de noviembre, atiende a varios objetivos. Además de  agilizar la tramitación administrativa de los proyectos de establecimientos extrahoteleros que se presenten en la Dirección General de Turismo, ésta busca promover la colaboración de los ayuntamientos en esta tramitación, así como  clarificar aspectos de la normativa proporcionando mayor seguridad jurídica.
Finalmente, la modificación actualiza determinados requisitos técnicos y de prestación de servicios a cumplir por los establecimientos, que estaban obsoletos.
El decreto ha sido objeto de consulta y consenso con los representantes del sector y trata de responder a una serie de carencias que venían observándose en la normativa de 2010.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, ha señalado que la simplificación de los trámites administrativos “es una reivindicación reiterada del sector, a la que con iniciativas legislativas como ésta, vamos dando cumplida solución”.
El fortalecimiento en la seguridad jurídica se plasma en la regulación y efectos de la presentación de la consulta previa, de las declaraciones responsables reguladas en este Decreto  o en la cesación de actividad.
Por otro lado, la minimización de los requisitos técnicos y de prestación de servicios afectan, entre otros,  a los requerimientos en los dormitorios,  aparcamiento, atención médica y primeros auxilios, declaraciones de precios, el régimen de derechos y obligaciones de las empresas o la rebaja del número de unidades de alojamiento adaptadas a las necesidades de personas con movilidad reducida adecuándolo a los parámetros del Código Técnico de la Edificación.