Ayudas a autónomos y microempresas con 10 millones de euros ampliables

Las ayudas serán inmediatas y retroactivas al día de cierre para casi 7.700 comercios y establecimientos que percibirán 150, 225 o 300 euros semanales en función del número de empleados
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado hoy el establecimiento del denominado ‘cheque de resistencia’ que se aplicará para compensar por el momento a 7.681 autónomos y microempresas del impacto económico ocasionado por la actual situación de emergencia del COVID-19. Se trata de la concesión de ayudas ágiles y eficaces como medida de protección y soporte del tejido productivo de Cantabria, la más alta de 300 euros semanales que muchos de los afectados consideran «muy insuficiente».
Revilla, que ha realizado la presentación en una comparecencia retrasmitida en directo por ‘streaming’ y acompañado del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha señalado que estas ayudas serán inmediatas y con carácter retroactivo para que «cuando estas empresas vuelvan a abrir, tengan garantías de continuidad». El Gobierno destinará 10 millones de euros ampliables en función de la duración del estado de alarma.
Martín ha indicado que las ayudas son complementarias con otras medidas adoptadas por el Gobierno de España, y que en este caso intenta compensar los gastos generales de alquiler, agua luz, etc… que acaso no los cubrirá en su totalidad, pero que contribuirán a que las empresas mantengan su cuenta de resultados y tengan una reapertura «saludable» y puedan continuar su actividad.
Los beneficiarios, que podrán aumentar en función de las modificaciones normativas que se establezcan, son microempresas o autónomos de Cantabria de alguna de las actividades económicas afectadas por las medidas de contención indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus posteriores modificaciones. También se exigirá que estén dados de alta en el impuesto sobre actividades económicas y en la Seguridad Social y disponga de las autorizaciones pertinentes. De los 7.681 negocios de menos de 10 trabajadores que están obligados al cierre, 2.937 son autónomos sin asalariados (38,24 por ciento), 3.196 tienen entre 1 y 2 personas contratadas (41,61 por ciento), 1.235 cuentan entre 3 y 5 trabajadores y 313 tienen una plantilla entre 6 y 9 empleados (4,07 por ciento).
El importe de las ayudas, que serán abonadas quincenalmente, dependerá del número de empleados y se han establecido tres rangos de ayudas. Para los empresarios autónomos individuales y microempresas con un solo trabajador, el importe será de 150 euros por semana. Si tienen entre 2 y 5 trabajadores, el importe de la ayuda será de 225 euros por semana y para los empresarios autónomos y microempresas con un número entre 6 y 9 trabajadores, el importe será de 300 euros por semana.
Según ha explicado Revilla, las empresas beneficiarias estarán obligadas al mantenimiento de la actividad y del empleo durante un periodo de hasta 6 meses, que se contabilizará a partir de la finalización del estado de alarma. En lo que respecta al mantenimiento de empleo, aquellas empresas que hayan estado sujetas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como consecuencia del cumplimiento del citado Real Decreto y que tras la finalización del citado ERTE acrediten el mantenimiento de empleo, se considerará que cumplen con este requisito.
El plazo de presentación de solicitudes, que se llevará a cabo a través de la página web de SODERCAN, se iniciará desde el día siguiente a la publicación del Real Decreto que obliga el cierre de las empresas y hasta la finalización del estado de alarma.
Estas ayudas se complementarán con otras actuaciones de choque que el Gobierno de Cantabria pondrá en marcha en los próximos días para empresas de más de 9 trabajadores, y está diseñada como complementaria (y por tanto, compatible) con las iniciativas que el Gobierno de España y los organismos dependientes han puesto en marcha o prevén poner en marcha para paliar los gastos laborales y fiscales. Sin embargo, no serían compatibles con otras ayudas que el Gobierno de España pudiese convocar con finalidad semejante, es decir, para paliar los costes estructurales (no laborales ni fiscales).