ARCA solicita la inmediata ejecución de la sentencia de derribo de Vuelta Ostrera

La organización ecologista considera que tanto la Administración del Estado como el Gobierno Regional, han demostrado que no tienen ninguna intención de cumplir la sentencia firme sobre Vuelta Ostrera
La sentencia de 26 de Octubre de 2005 del tribunal Supremo ordenó el derribo de la estación depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera, en Suances (Cantabria), dando la razón a las reiteradas advertencias y denuncias de ARCA  sobre la vulneración de la legalidad que se estaba cometiendo, y la agresión al ecosistema de marisma que suponía.La decisión del Tribunal Supremo se fundamenta en que la depuradora invade 87.450 metros cuadrados del estuario del río Besaya de manera injustificada, ya que existían otros emplazamientos posibles a 500, 1.300 y 3.500 metros de distancia del lugar elegido, que no invadían el dominio público.ARCA demostró su buena fe al aceptar una propuesta de acuerdo, que demoraba 8 años la ejecución de la sentencia de derribo, en tanto se daban los pasos para la construcción de una nueva depuradora y se restauraba el ecosistema dañado.A día de hoy, a tan solo unos pocos meses de la fecha comprometida para dar término a la ejecución voluntaria de la sentencia, con la demolición de la EDAR y la regeneración de los terrenos, la Administración del estado no ha dado cumplimiento a ninguna de las actuaciones pactadas para los años 2006 a 2013, como puede comprobarse en el cronograma de actuaciones que adjuntamos.Y no solamente se ha incumplido todos los términos de un acuerdo formalmente firmado, si no que lejos de reconocer que se actuó fuera de la legalidad, no se han asumido ningún tipo de responsabilidades, ni por parte  de los políticos responsables de la decisión, ni por parte de los técnicos que avalaron una obra ilegal que ha costado más de cien millones de euros de dinero público.El discurso político que venimos escuchando en los últimos meses, insinuando que la sentencia de derribo nunca se cumpliría, que se buscarían todas las argucias legales para que la situación permaneciera como está, ha culminado con la aprobación de una nueva Ley de Costas que pretende privatizar buena parte del litoral, que reduce la servidumbre de protección a 20 ms, que creará una gran inseguridad jurídica, y que puede suponer el golpe de gracia a la maltratada costa española.ARCA considera que tanto la Administración del Estado como el Gobierno Regional, han demostrado que no tienen ninguna intención de cumplir la sentencia firme sobre Vuelta Ostrera, ni de respetar los acuerdos alcanzados con esta organización. En consecuencia, ARCA se ha dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para que se proceda a la ejecución forzosa de la sentencia, requiriéndose a la Administración para que en el plazo máximo de un mes proceda a dar inicio a las obras de derribo de la estación depuradora de aguas residuales,  a la regeneración de los terrenos, y a que las finalice en el plazo máximo de cuatro meses.Así mismo, se pide que se requiera a la Administración para que identifique a la autoridad, funcionario o agente encargado de dar cumplimiento a la sentencia, a efectos de poder exigir, en su caso, su responsabilidad administrativa o penal.En todo momento, en este proceso ARCA se está limitando a defender la aplicación de la Ley  y el cumplimiento de las sentencias firmes dictadas por los tribunales de justicia, habiendo promovido  además un procedimiento de ejecución que tuviera en cuenta los intereses económicos y ambientales de Cantabria. Pero la nula voluntad demostrada por este Gobierno de respetar los acuerdos y hacer cumplir las sentencias, y su manifiesta irresponsabilidad,  nos obliga a actuar de esta manera en defensa del Estado de Derecho y del medio ambiente de Cantabria.