Albalá valora que el Ejecutivo aborde con contundencia la economía sumergida

El diputado dice que sólo a través de la economía regular se pueden abordar mayores cotas de crecimiento económico que faciliten la salida de la crisis en las mejores y lograr la creación de empleo en el menor tiempo posibl
El secretario de Economía del Partido Popular de Cantabria, Luis Carlos Albalá, ha valorado hoy «muy positivamente» que el Gobierno de Cantabria aborde «con contundencia» la lucha contra la economía sumergida, puesto que, a su juicio, «es un problema que no se ha abordado con firmeza» en el tiempo y que «perjudica claramente el crecimiento económico».
Después de que el pasado lunes la consejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, detallase en el Parlamento de Cantabria que esta primavera estará presentado el Plan de Lucha contra la Economía Irregular que prepara el Ejecutivo de Ignacio Diego con la implicación de todas las consejerías del Gobierno y de otras administraciones públicas, y que «intensificará la protección de sectores profesionales específicos», Albalá ha subrayado la importancia de «luchar de una manera conjunta» contra la economía sumergida, dada su «negativa repercusión en los ingresos tributarios de la comunidad autónoma».
En este sentido ha indicado que «la lucha contra la economía irregular no puede ser sólo responsabilidad del Gobierno regional, sino que, muy al contrario, es un problema que se debe abordar de manera colectiva y colegiada entre todas las administraciones públicas – Administración General del Estado, administraciones autonómicas y administraciones locales -, sin olvidar a las propias empresas, autónomos y ciudadanía en general».
Aunque el dirigente popular ha dicho «comprender» que la actual coyuntura de crisis propicia la existencia de una «economía de subsistencia extrema», tal y como se prueba en los estudios al respecto que demuestran que en los últimos años se ha producido un crecimiento de este fenómeno, es importante entender que «sólo a través de la economía regular y reglada podremos abordar mayores cotas de crecimiento económico que faciliten la salida de la crisis en las mejores condiciones posibles, de modo que la creación de empleo sea una realidad en el menor tiempo posible».
Por ello, y tras recordar que también debe tenerse en cuenta que en momentos de crisis económica la Administración «precisa de ingresos para el sostenimiento de los servicios básicos», el diputado regional del PP ha considerado «especialmente oportuno» el Plan del Ejecutivo para combatir estas prácticas, además de por una «cuestión de solidaridad», por una «cuestión de justicia», ya que, según ha dicho, «la economía irregular supone una competencia desleal para con las pequeñas y medianas empresas que sí cumplen sus compromisos y obligaciones, tanto en el mantenimiento de los empleos como con la Hacienda Pública».
Luis Carlos Albalá ha indicado que el problema de la economía sumergida no es algo nuevo, sino que es «endémico». «El problema de la economía sumergida ya existía la pasada legislatura, cuando gobernaban en Cantabria el PRC y el PSOE, y sin embargo nada se hizo para afrontarlo», ha recalcado, para destacar la postura del Gobierno del Partido Popular, que se ha mostrado «sensible» ante esta cuestión y trabaja en un Plan de Lucha contra la Economía Irregular.
Albalá ha señalado que este Plan permitirá incrementar la recaudación del Gobierno sin tener que incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos y dinamizar la actividad económica en la comunidad autónoma, al tiempo que combatir la economía sumergida. En este sentido, ha recordado que dentro de las medidas para luchar contra el fraude y dinamizar la economía se contemplan, por ejemplo, nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como apuntó la consejera Cristina Mazas.
Para el diputado regional del PP, el Plan contra la Economía Irregular del Gobierno de Cantabria complementará al intenso Plan de Lucha contra el Fraude que ha puesto en marcha el Gobierno Nacional, y juntos contribuirán a «garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos mediante la contribución justa y equitativa de todos los españoles», ha finalizado.