Todos los sindicatos representativos del Ayuntamiento de Santander critican que este, pueda llegar a pagar hasta 10.000 euros por no querer abonar 20 euros a un trabajador
UGT, CSIF, APL, USO y CC OO; todos los sindicatos representativos del Ayuntamiento de Santander (UGT, CSIF, APL, USO y CCOO) acusaron hoy en una rueda de prensa al equipo de Gobierno del consistorio de “despilfarrar dinero público” en procesos, recursos y costas judiciales de casos contra empleados públicos y ciudadanos, pese a que ya acumula una veintena de fallos judiciales en su contra desde la entrada en vigor en 2011 de la nueva normativa legal de costas judiciales.
Los sindicatos vinculan precisamente a esta nueva disposición legal este “gasto inútil y totalmente reprochable” del consistorio santanderino en procesos judiciales, la mayoría ya juzgados en su contra, a la nueva disposición legal que estipula tasas y costas judiciales ahora también a las administraciones públicas.
Según precisaron Francisco González (UGT) y José María López (USO), en nombre de todos los sindicatos, “la política del Ayuntamiento sobre sentencias ya juzgadas obliga a cada uno de los perjudicados a volver a reclamar judicialmente sus derechos, al negarse a aplicar los efectos del fallo judicial, lo que implica un derroche absurdo de fondos públicos porque puede llegar a pagar varias veces la misma resolución judicial y sus costas correspondientes, como de hecho está ocurriendo”.
“Que el Ayuntamiento no aplique las sentencias y las recurra una y otra vez implica que puede llegar a haber hasta una centena de demandas por el mismo asunto y como consecuencia que los ciudadanos y los empleados públicos tengan que pagar hasta un centenar de veces las costas judiciales por hechos ya juzgados”, agregaron los representantes sindicales.
Los portavoces de UGT, CSIF, APL, USO y CCOO recalcaron que esta práctica “no es una excepción sino lo habitual, ya que existe recientemente otra sentencia, que reconoce el derecho quebrantado a un trabajador por incumplimiento del convenio colectivo, que el Ayuntamiento ya ha anunciado que no aplicará a otros 30 trabajadores afectados por el mismo caso, lo que puede derivar en otras tantas reclamaciones judiciales”
“Nos obliga a pagar tasas judiciales y se aprovecha que muchas veces es mayor el importe de la tasa que el del derecho reclamado; y si luego pierde, el Ayuntamiento no tiene inconveniente en gastarse lo que sea en costas judiciales”, matizaron los sindicalistas, tras recordar que “ellos no gastan su dinero pero los empleados públicos y los ciudadanos sí”.
Los portavoces sindicales pusieron como ejemplo “un caso extremo” de esta “política de judicialización sin sentido” del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, que ha recurrido una sentencia a favor de un trabajador que reclama 20 euros, lo que ya puede hacer genera un gasto de 5.400 euros en costas judiciales, otro gasto extra de 800 euros en tasas judiciales por el nuevo proceso judicial y “hasta 10.000 euros” si la sentencia vuelve a ser desfavorable a sus intereses.
Más de 130.000 euros en servicios jurídicos
UGT, CSIF, APL, USO y CCOO agregaron a su denuncia que esta política municipal de “judicialización insistente” viene acompañada por un gasto de unos 135.000 euros anuales en los servicios jurídicos utilizados por el consistorio, que incluyen a una empresa externa con cuatro letrados a los que se trasladan determinadas acciones judiciales, pese a que cuenta con tres letrados de su propia plantilla y aún dos vacantes por cubrir.
A ello se une un director jurídico y otro letrado particular, puntualizaron los sindicatos, que reprocharon al Ayuntamiento de Santander que “prefiera contratar abogados externos e incrementar así el gasto público, en lugar de llegar a acuerdos con los sindicatos, cuando esta última opción es más económica o incluso puede llegar a no generar gasto alguno”.
Los sindicatos también rechazaron que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander “contrate servicios jurídicos externos como argumento en contra de los informes de técnicos municipales cuando estos no son acordes con su política, lo que no deja de ser otro gasto
