CastroVerde recurre al Defensor del Pueblo ante lo que considera un abuso de autoridad del alcalde

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha tramitado el cobro de una tasa por escombros a un miembro de la formación cuando en realidad informaba a los ciudadanos en la calle sobre lo acontecido en el pleno
CastroVerde ha recurrido al Defensor del Pueblo para defenderse de lo que considera “un acto antidemocrático de abuso de autoridad” por parte del alcalde de Castro Urdiales, quien inició el procedimiento para aplicar a la formación una tasa por ocupación de vía pública por el simple hecho de transmitir a los ciudadanos en la calle los acuerdos plenarios. En su afán por dar a conocer a los ciudadanos la información de interés general que les afecta, CV realiza periódicamente salidas con paneles que pretenden compensar la falta de transparencia y participación ciudadana que exhibe el equipo de gobierno formado por PP, PRC y Anexión a Vizcaya.
Después de que el alcalde enviara a la Policía Municipal para coartar la acción informativa de CastroVerde, el Ayuntamiento ha tramitado un expediente liquidatorio de 20,40 euros contra Ángel Díaz-Munío, portavoz del grupo municipal, por “ocupación de dominio público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas”, en virtud de un decreto firmado por el alcalde.
CV solicita el amparo de la institución del Defensor del Pueblo por considerar que, tanto la exacción de una tasa, como la propia tasa en sí misma y la resolución de autorización para exponer los paneles en la vía pública, son acciones que “carecen por completo de base legal y constitucional y suponen una conducta grave de abuso, arbitrariedad, discriminación, o cuanto menos de error y negligencia que vulnera derechos constitucionales fundamentales relativos a la intimidad, libertad de expresión y manifestación”.
CastroVerde recuerda que el déficit de transparencia del consistorio castreño es tan evidente que, muy recientemente, el Ayuntamiento apareció en el listado de las 55 administraciones locales y autonómicas que no contestan a los requerimientos de información provenientes de, precisamente, la actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. La de Castro es la única institución cántabra que aparece en la lista.