Una vivienda pública del Gobierno de Cantabria en Torrelavega ha sido okupada de nuevo apenas 24 horas después de ejecutarse el desalojo judicial de su anterior inquilina, que acumulaba una deuda superior a 9.000 euros tras más de dos años sin abonar el alquiler.

El lanzamiento se llevó a cabo el martes a las 10.30 horas, momento en el que se procedió al cambio de cerraduras tanto del inmueble como del trastero. La arrendataria había dejado de pagar una renta mensual de 337 euros, más gastos de comunidad, y no fue considerada persona vulnerable por la Justicia.

El Ejecutivo autonómico había iniciado en noviembre de 2023 el expediente para reclamar las cantidades adeudadas, dando paso a un proceso judicial que concluyó con la orden de desahucio.

Sin embargo, al día siguiente, cuando operarios de la empresa pública Gesvican regresaron a la vivienda para su acondicionamiento, detectaron que el bombín había sido cambiado de nuevo y que el inmueble volvía a estar ocupado ilegalmente, previsiblemente por la misma persona.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha calificado la situación de “insostenible” y ha criticado la legislación actual, asegurando que deja “desprotegido” al propietario. Según ha señalado, la Policía Nacional ha trasladado que no puede actuar de forma inmediata al no disponer de herramientas legales suficientes en este tipo de casos.

La denuncia por esta nueva ocupación fue presentada el miércoles por la tarde, lo que obligará de nuevo a iniciar un procedimiento judicial para recuperar la vivienda. El caso se produce días después de otro episodio similar en una vivienda protegida en Orejo, lo que ha intensificado las críticas del Ejecutivo regional sobre la gestión de este tipo de situaciones.