Con los porcentajes anunciados por el Gobierno el 18 por ciento de los casi 1.150 concejales cántabros cobrarán un sueldo, lo que representa, más o menos, un total de 200 ediles. El resto, más de 800 concejales no tendrán sueldo.
La segunda tentativa del Gobierno para trasladar las políticas de austeridad al ámbito local y suprimir duplicidades, no tendrá efectos inmediatos en Cantabria, al menos que se conozcan con detalle cuantos y en que municipios percibían un sueldo por realizar labores municipales. Si tenemols en cuenta los porcentajes anunciados por el Gobierno el 18 por ciento de los casi 1.150 concejales cántabros cobrarán un sueldo, lo que representa, más o menos, un total de 200 ediles. El resto, más de 800 concejales no percibirán sueldo, aunque aquellos que no tengan compensación alguna recibirán dietas de asistencia.
De los 68.285 concejales españoles, solo 12.188 cobrarán, según la reforma que ahora el Gobierno remitirá al Consejo de Estado, antes de su tramitación parlamentaria. Aunque el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro,, subraya que la decisión de no recortar ediles se compensa con creces con el aumento de los que no serán retribuidos, el alcalde de Santander y presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna (PP), ha insistido en que ya hay un 80 % de concejales sin sueldo.
Más de 7.000 millones de ahorro
El Gobierno esperar ahorrar con esta reforma7.129 milloneshasta el 2015. Además, los presidentes de las diputaciones tendrán un límite máximo por todos los conceptos igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia. También se reducen asesores de acuerdo con el censo y un tope de 6.489 para los 8.116 ayuntamientos. Otro aspecto clave de la reforma es queclarifica las competencias para evitar duplicidades, y elimina las llamadas impropias, las que desempeñan los ayuntamientos y corresponden a otras Administraciones. Las de educación y sanidad serán exclusivas de las comunidades. Para esos traspasos, se habilita un período de cinco años, que se reduce a uno para los servicios sociales. La futura leyprohibirá crear empresas públicas municipalesy cerrará las actuales.
Las mancomunidades y entidades locales menores que no rindan cuentas en tres meses se disolverán. Y los ayuntamientos que no las presenten, serán intervenidos y sus funciones las asumirán las diputaciones, que lejos de desaparecer refuerzan su papel en la arquitectura del Estado como «entidades locales intermedias desde las que se pueden prestar servicios fundamentales» a los ayuntamientos pequeños. Montoro avanzó que un «número importante» de las mil mancomunidades que hay en Españadesaparecerán porque no podrán rendir cuentas.
La cuantía de los sueldos de los miles de empleados públicos municipales que hay en España va a dejar de ser competencia de las respectivas corporaciones. El proyecto de reforma de la Administración local que ayer presentó Cristóbal Montoro establece que los topes de sueldos de estos trabajadores vendrán marcados cada año en los Presupuestos Generales del Estado. La medida supone la desaparición de la «negociación exclusiva» para las retribuciones en la Administración local. «No tiene sentido que cobre más un funcionario municipal que otros que realizan similares actividades», subrayó el titular de Hacienda y Administraciones Públicas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Ejecutivo también está decidido a reducir de manera importante el número de asesores y personal de confianza que hay en los ayuntamientos. Serán 6.489 y el reparto se hará en función de la población de cada municipio. Para ello, Montoro presentó ayer un baremo en el que se establece que los concejos de menos de 5.000 habitantes no podrán disponer de personal eventual. A partir de ahí, a los que van de 5.000 a 10.000 vecinos se les permite uno; los que están en la franja de 10.000 a 20.000 pueden contratar a dos, y los que van hasta 50.000 personas podrán contar con siete.
