Las comunidades autónomas gobernadas por partidos nacionalistas la rechazan de plano por ver en ella una invasión masiva de sus competencias. Andalucía, por su parte, teme que pueda dejar al consumidor desprotegido
Las empresas podrán comercializar sus productos y servicios en todo el territorio nacional con una sola licencia administrativa, emitida por cualquiera de las diecisiete comunidades autónomas, que bastará para operar dentro de la legalidad en el resto. El proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, nace con una clara vocación desreguladora: busca poner fin a la actual maraña legislativa de miles de normas estatales, autonómicas y municipales, a veces contradictorias entre sí, que dificultan la libre circulación de bienes y servicios por todo el país.
El texto faculta a las empresas para impugnar ante las autoridades reguladoras de los mercados y de la competencia cualquier norma que en el futuro fragmente el mercado. En caso de conflicto, la Audiencia Nacional tendrá la última palabra.
La ley está inspirada en el modelo aplicado desde hace más dos décadas en la Unión Europea para garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre estados miembros. Aunque su tramitación estaba parada desde enero, el Ejecutivo ha decidido elevarla a las cortes para su tramitación urgente tras recibir, según Soraya Sáenz de Santamaría, quince informes preceptivos y el aval del Consejo de Estado. El Gobierno calcula que la eliminación de trabas legislativas y burocráticas derivadas de su aplicación provocará durante los próximos diez años un incremento de la actividad equivalente a 1,5 puntos de PIB (unos 15.000 millones de euros). Es decir unos 1.500 millones de euros por año, explicaron la vicepresidenta y el ministro de Economía, Luis de Guindos.
17 etiquetados distintos
La base de la reforma son los principios de licencia única y de legislación de origen. En líneas generales, pretende crear un sistema «de confianza mutua» en el que cualquier artículo producido al amparo de la legalidad de una determinada comunidad pueda ser ofertado en todas las demás sin trámites adicionales como licencias de ámbito regional o requerimientos en materia de especificaciones técnicas, envasado o etiquetado. Aunque pueda parecer exagerado, la legislación en vigor podría avalar que una botella de agua mineral requiriese 17 etiquetados distintos, por citar un ejemplo. De ahí que Luis de Guindos definiese esta reforma como «el principio del pasaporte único», que beneficiará sobre todo a las pymes porque podrán «actuar en toda España independientemente de la comunidad en que estén domiciliadas».
Las empresas celebran la reforma, que solo ha recibido críticas directas de los gobiernos de Andalucía, Cataluña y País Vasco. Las comunidades autónomas gobernadas por partidos nacionalistas la rechazan de plano por ver en ella una invasión masiva de sus competencias. Andalucía, por su parte, teme que pueda dejar al consumidor desprotegido si las empresas deciden acudir a domiciliarse allá donde la norma autonómica sea más laxa.
La Federación de Autónomos considera la iniciativa «un gran avance que permitirá eliminar trabas y mejorará la competitividad de los autónomos y del tejido empresarial». Por su parte, las grandes compañías de distribución (ANGED) creen que es un primer paso «fundamental» para desenmarañar toda una normativa que acaba por afectar a la actividad comercial y empresarial.
