Una asociación de jueces impugna el acuerdo de PSOE y PP para renovar el CGPJ

La segunda asociación de la Carrera judicial en afiliados avisa que Lesmes es persona de confianza del Gobierno y que el CGPJ nombra a presidentes de tribunales que investigan a aforados
Laasociacióndejuecesy magistradosFrancisco de Vitoria,la segunda en número de afiliados de la Carrera, ha decidido impugnar ante el Tribunal Supremo el nombramiento de los doce vocales de adscripción judicial y del presidente del órgano de gobierno de los jueces al entender que el «cambalache» de lanegociación políticay el nuevo modelo acreditan una «injerencia» de los partidos y del propio Gobierno con «graves consecuencias».
Francisco de Vitoria lleva a los tribunales las últimas designaciones del Consejo efectuadas en base al polémico sistema impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con «la esperanza de que de tales recursos pueda surgir un pronunciamiento judicial sobre la ilegitimidad de tales nombramientos y, en el mejor de los casos, sobre la inconstitucionalidad del procedimiento diseñado en la Ley Orgánica del Poder Judicial para ello».
Al «estupor» derivado del «cambalache de la negociación política» entre PSOE y PP en la última renovación, se suma el hecho de que se haya procedido a elegir a un presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que «desde hacía mucho tiempo venía siendo mencionado como persona de confianza del ministro de Justicia y por ende del Gobierno de España». «No siendo la primera vez que tenemos conocimiento de la identidad del futuro presidente por los medios de comunicación antes de que se proceda a su efectiva elección, lo que supone una evidente perversión del sistema de elección», ha agregado.
«Pasar de las palabras a los hechos»
La asociación judicial explica que no se trata de cuestionar la valía personal y profesional de las personas nombradas, sino de defender que el procedimiento de elección adolece de «defectos» que permiten entender «acreditada una injerencia de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria y del propio poder Ejecutivo en tal elección con las graves consecuencias» en la legitimación del órgano de gobierno de los jueces.
En este sentido, recuerda que el Consejo tiene competencias en nombramientos de magistrados del Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia o de Audiencias Provinciales, y que muchos de estos órganos se ocupan de investigar precisamente a los aforados. Además el Consejo se encarga de materias «tan sensibles» como la inspección de los juzgados o la potestad disciplinaria sobre los togados.
Francisco de Vitoria recuerda su defensa de la independencia del poder judicial y la dignidad profesional de los magistrados en el «estricto» ejercicio de su función jurisdiccional y, en este sentido, critica la última reforma del Consejo del Poder Judicial por la injerencia del Parlamento y el Ejecutivo en el poder judicial y el «flagrante incumplimiento» del compromiso electoral del PP.
Por último, recuerda que el Tribunal Constitucional ha defendido «mantener al margen de la lucha de partidos» el poder judicial y considera que la crítica situación hace necesario «pasar de las palabras a los hechos» ante los «intensos» ataques a la independencia judicial.