UGT denuncia que la consejería no haya facilitado EPIs a los centros educativos para su reapertura

El sindicato considera “intolerable” que la Consejería de Educación “se desentienda por completo de su responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de los docentes y del personal de administración y servicios
El Sector de Enseñanza de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha criticado hoy que la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria no haya facilitado equipos de protección individual (EPIs) a los trabajadores de los centros educativos de la región con vistas a su reapertura este lunes 11 de mayo para la matriculación del próximo curso escolar y otros trámites administrativos.
El sindicato considera “intolerable” que la Consejería de Educación “se desentienda por completo de su responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de los docentes y del personal de administración y servicios y sólo se limite a remitir una instrucción en la que insta a los trabajadores a que se busquen la vida y los adquieran ellos mismos por su cuenta”.
UGT agrega que la reapertura de los centros educativos conlleva “una implicación y una responsabilidad de la Consejería de Educación que no se ha visto por ningún lado y que incluso ha ninguneado a los delegados de prevención, con los que no ha contado en ningún momento y a los que hoy les informará sin más de un protocolo de medidas ya hecho y que llegó a los centros este miércoles”.
El Sector de Enseñanza de UGT reprocha a Educación que “ni informe ni permita la participación de los representantes legales de los trabajadores en la necesaria prevención de riesgos que se requiere hoy en día” y advierte que estará “muy vigilante” este lunes y con “la firme intención de denunciar a las autoridades laborales y sanitarias la apertura de cualquier centro educativo que no respete las medidas de seguridad adecuadas para sus trabajadores”.
El sindicato agrega, a través de su Sector de Administración Local, que “la reapertura de los centros educativos implica también una coordinación entre distintas administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, a los que pertenece el personal de administración y servicios y el de limpieza de los colegios; que no se ha dado en ningún momento y que no se ha contado con los representantes legales de los trabajadores”.