Suspendidas «sine die» las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera

IU señala al diputado en el Congreso, José María Mazón (PRC), exconsejero de Obras Públicas, con el «beneplácito» de Revilla, y pedirá que se posicione el Parlamento Europeo
Así lo explica la propia plataforma en una nota de prensa que ha difundido Izquierda Unida (IU) en Cantabria, tras conocer un auto en el que se explica que la decisión se adopta ante la posibilidad de que el daño que produzcan las obras sea irreparable cuando finalice la denuncia contra el propio proyecto.
En el auto judicial se específica que el proyecto de puerto se ubica sobre el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Rías Occidentales y Dunas de Oyambre”, lugar que, a su vez, fue declarado Zona de Especial Conservación, además de sobre terrenos integrados en el Plan de Ordenación del Parque de Oyambre.
Y pese a que el Gobierno de Cantabria en su Declaración de Impacto Ambiental consideró que no se producían afecciones, el TSJC matiza que esto no supone “sin más” la “viabilidad ambiental del proyecto”.
Para la Plataforma este hecho, “reiterado hasta la saciedad a las autoridades» es «clave”, dado que “el Gobierno no está haciendo su labor de forma adecuada y con garantías plenas”.
“Ni siquiera desde un punto de vista racional se sustenta la construcción de este superpuerto de casi 300 amarres y la inversión de 6 millones de euros; como alternativa, mostramos la ampliación hasta 80 amarres y que parte del presupuesto se dedicara a desarrollar un pequeño polígono de servicios para las actividades locales de los barquereños”.
El auto judicial conocido ayer miércoles enumera distintos efectos sobre el medio ambiente, como los dragados para la zona de de atraque y los canales de acceso de las embarcaciones, con la consiguiente afección a los fondos marinos, además del propio uso del puerto, que puede causar la contaminación de las aguas con los combustibles.
Se remite además a un informe en el que se advierte de que el proyecto “destruye” dos hábitats de interés comunitario, cuestión que desde la Plataforma han mantenido a lo largo de todo el proceso y que una de las organizaciones miembro, IU Cantabria, ya presentó en el Parlamento Europeo.
Por tanto, al considerarse probado que tiene consecuencias sobre el medio ambiente, y ante el riesgo de otros, la justicia apuesta por paralizar las obras hasta que se decida si estos efectos cumplen o no la Ley.
“En lugar de actuar con rigor y esperar a la acción de la Justicia, algo que no estaría de más vista la carrera judicial de los proyectos del ladrillazo público, la Consejería de Obras Públicas se ha embarcado en una huida hacia adelante que ahora se topa con esta paralización”, sentenciaban desde la Plataforma contra el Superpuerto Deportivo.