Así mismo, consulta sobre los incumplimientos de personas físicas y jurídicas supuestamente perceptoras de rentas procedentes de la denominada «caja B» del PP para los mismos ejercicios, teniendo en cuenta además el IVA. Los conocidos como sobresueldos.
El juez del’caso Gürtel’en la Audiencia Nacional,Pablo Ruz, ha preguntado a los peritos de Hacienda que le informen sobre si, desde el 2007 en adelante, pudo haber delito contra la Hacienda Pública por el PP y por personas que pudieron haber percibido dinero de la denominada»caja B»del partido. El magistrado pregunta al fiscal si debe citar a Rajoy como testigo.
Además, pide a los peritos de la Intervención General del Estado que informen sobre si existen eventuales vinculaciones entre donaciones supuestamente percibidas por el PP, procedentes de imputados en la causa, y contrataciones a las empresas de estos por parte de administraciones públicas gobernadas por los populares, lo que podría constituirposibles delitos de cohecho.
Ante la documentación recabada por el juzgado, el juez decide solicitar a los peritos judiciales de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado los citados informes que determinarán si existen los citados delitos.
A los primeros, los de Hacienda, les pide que determinen la posibilidad de delitos contra la Hacienda Pública (art. 305 del Código Penal) en relación con «las obligaciones fiscales» del PP sobre el Impuesto de Sociedades y el IRPF para los ejercicios fiscales de 2007 en adelante (los anteriores habrían prescrito).
Así mismo, consulta sobre los incumplimientos de personas físicas y jurídicas supuestamente perceptoras de rentas procedentes de la denominada «caja B» del PP para los mismos ejercicios, teniendo en cuenta además el IVA. Los conocidos comosobresueldos.
En dichos informes deberán los peritos calcular las cuotas que en cada caso proceda, es decir, qué cuotas se pudieron defraudar, y en este sentido el juez apunta en concreto que estudien el caso de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reformó la sede del PP y que podría haber cobrado endinero negroa cambio de dicha tarea.
En el segundo bloque de informes el juez pregunta a la Intervención si hubo vinculación «entre las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP» a través de los imputados Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas (los dos extesoreros del partido incriminados en la causa) y contratos concedidos por las administraciones públicas controladas por esta organización de las que hayan resultados beneficiadas las sociedades donantes.
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El juez del caso de lospapeles de Bárcenas,Pablo Ruz, ha pedido a los peritos de laAgencia Tributariaque le informen sobre losdelitos fiscalesque elPPy los supuestos beneficiarios de dinero de la caja B del partido pudieron cometer a partir del 2007; el magistrado da por prescritos los anteriores ejercicios. Las infracciones se derivarían deimpagosde las correspondientes cuotas del IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA. En el caso del PP, la organización respondería penalmente comoresponsable civilsubsidiario. En cuanto a los beneficiarios, se trata tanto de personas físicas como jurídicas.
Ruz ha solicitado además un informe de la Intervención General del Estado sobre la eventual vinculación entre las donaciones empresariales apuntadas en la contabilidad en negro del PP y las contrataciones de las que se beneficiaron las compañías donantes. Se trata en este caso de averiguar y acreditar la posible comisión de delitos de cohecho. La instrucción afecta a ocho grandes constructoras cuyos máximos responsables están imputados.
En relación con los posibles delitos fiscales, el magistrado hace una alusión específica a los cobros percibidos por el arquitecto Gonzalo Urquijo, responsable de la reforma de la sede central del PP. El motivo es que Urquijo aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de cantidades superiores al umbral penal del fraude tributario (120.000 euros anuales); en concreto, los apuntes del extesorero popular le asignan la percepción de 453.000 euros en negro en el año 2008 mediante dos entregas, una de 195.000 euros el 28 de enero y otra de 258.000 el 13 de marzo. Un año y medio antes, en noviembre del 2006, el arquitecto habría percibido otros 184.000 euros, aunque el presunto delito resultante estaría prescrito en esta ocasión.
En la misma providencia, el juez requiere el obligado informe de la Fiscalía sobre las recientes propuestas de dos acusaciones populares para la citación a Mariano Rajoy y otros actuales y antiguos cargos del PP en calidad de testigos del caso de la caja B. Por otro lado, Ruz ha rechazado el recurso de Bárcenas contra la fianza de responsabilidad civil que por importe de 43,2 millones de euros le impuso el pasado 5 de julio para que garantizase la cobertura del daño económico ocasionado por sus presuntos delitos.
