Quiñones se reune con dirigentes de UGAM-COAG, Asaja y UPA tras la manifestación

Destaca que el Estado actúa con medidas concretas para responder a las demandas del sector agrario
La delegada del Gobierno de España en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha destacado que el Estado está actuando con medidas concretas para responder a las demandas planteadas por agricultores y ganaderos para lograr “un reparto más justo de los márgenes en la cadena de valor, mejorar las rentabilidades de las explotaciones y lograr precios justos”.
Quiñones así se lo ha trasladado a representantes de UGAM-COAG, Asaja y UPA con los que se ha reunido en la Delegación para escuchar sus reivindicaciones al término de la manifestación que estas organizaciones han organizado en Santander y en la que, según la Junta de Seguridad, han participado 230 tractores y 3.000 personas.
La delegada ha ensalzado que el Gobierno de España está dialogando con las organizaciones agrarias pero también actuando, con la puesta en marcha de medidas de choque a través del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Agricultura y Alimentación, aprobado el martes en el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado el miércoles.
Con ello, ha reivindicado que el Gobierno de España ha demostrado una “actuación rápida y coordinada para dar respuesta a la problemática del sector agrario” y ha destacado que, entre las medidas del Decreto Ley, se incluye una modificación de la Ley de Cadena Alimentaria y la prohibición de la venta a pérdidas.
Quiñones ha detallado que se establece la obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos y la prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción.
Asimismo, incluye la regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios, y dar publicidad de las sanciones para los agentes que haya cometido infracciones graves o muy graves.
En materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes que reciben ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.
“Con esta modificación, se garantiza una mejora del tratamiento fiscal, ya que se permitirá imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional”, ha destacado la delegada del Gobierno.
En el ámbito laboral, Quiñones también ha señalado que el Decreto Ley introduce importantes medidas para hacer frente a las especiales circunstancias del mercado la laboral en el ámbito agrario y se fijan medidas de protección de los trabajadores eventuales del campo.
A estas medidas, se irán sumando otras porque el Gobierno de España no sólo “comprende y comparte la preocupación de los ganaderos y agricultores por su futuro, sino que les ofrece la mano tendida para establecer un diálogo sincero” que permita “llevar a cabo entre todos las reformas necesarias que aporten soluciones a corto, medio y largo plazo y aporten estabilidad y futuro a la actividad agroganadera”, ha dicho la delegada del Gobierno.
Además, Quiñones ha enfatizado que la puesta en valor de este sector es prioridad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y “así lo está demostrando con hechos” como este Decreto Ley y con “diálogo constante” con las organizaciones agrarias.